En un paso crucial, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó ayer en tercer debate la controversial reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El articulado ahora pasará a su examen final en la Plenaria de la Cámara.
Una de las modificaciones más relevantes fue el ajuste al artículo 85, que originalmente proponía gravar con impuesto de renta las pensiones superiores a 1.000 UVT anuales (aproximadamente $3,6 millones). El cambio aprobado establece que el tope se aplicará a las UVT mensuales, manteniendo la exención como está actualmente.
Según el texto aprobado, todas las pensiones, incluyendo las provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Solo se gravarán las mesadas que excedan las 1.000 UVT mensuales, lo que beneficiaría a la gran mayoría de pensionados.
Expertos como Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, respaldan la decisión de gravar las megapensiones. Según Mejía, cerca de 1,5 millones de pensionados reciben mesadas entre uno y $10 millones, mientras que solo 16.000 superan ese monto.
Otro aspecto polémico son los fondos generacionales, que administrarían los ahorros pensionales de grupos etarios específicos. Existe preocupación por la posibilidad de que el Gobierno busque excluir a los fondos privados de la gestión de estos recursos.
Además, persisten dudas sobre la capacidad de Colpensiones para asumir la carga adicional que implicaría la reforma. Según su presidente, Jaime Dussán, la entidad pasaría de atender 7 millones de afiliados a 25 millones, lo que requeriría un aumento significativo en su capacidad operativa.
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