El anuncio del incremento en el precio del galón de gasolina y Acpm a partir del sábado 13 de abril, realizado por el Ministerio de Hacienda, ha generado un amplio debate en el país. Según explicó el ministro Ricardo Bonilla, este ajuste responde a una serie de factores técnicos y al valor internacional del combustible. Uno de los puntos clave es el cierre de la brecha del fondo diferencial, una medida que ha generado controversia y preocupación entre los diferentes sectores, especialmente entre los transportistas, quienes ven en este incremento una afectación directa a sus costos operativos.
Desde finales del año pasado, el Gobierno ha estado en diálogo con los transportistas para buscar soluciones que mitiguen el impacto de este ajuste en el precio del Acpm, un combustible vital para su actividad. Aunque el ministro Bonilla ha señalado la posibilidad de estudiar mecanismos diferenciados para el aumento del Acpm, aún persisten dudas sobre cómo se implementarán estas medidas y cuál será su impacto real en el sector transporte.
Según lo establecido en la circular de la Creg, el precio promedio del galón de gasolina se fija en $15.446, lo que representa un ajuste de $31 con respecto al valor anterior. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali lideran la lista de los precios más altos del combustible. Este aumento se atribuye principalmente al incremento del valor del etanol, un factor que ha generado preocupación entre los consumidores y distintos sectores económicos.
En cuanto al Acpm, su precio se establece en $9.315 por galón, con un ajuste de $97 con respecto al valor anterior. Esta alza ha generado especial preocupación en ciudades como Cali y Villavicencio, donde el combustible se vuelve aún más costoso. El incremento del precio del Acpm se debe principalmente al aumento del valor del biodiésel, otro factor que ha despertado debate y controversia en el país.
Ante este panorama, es evidente la necesidad de continuar el diálogo entre el Gobierno, los transportistas y otros actores involucrados, con el fin de buscar soluciones equitativas que permitan mitigar el impacto económico de estos ajustes en el precio de los combustibles, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y social.
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