Andrés Gustavo Ricci, condenado a más de 40 años por el feminicidio de Luz Mery Tristán, hoy publica contenido en YouTube desde su celda. No se trata de una denuncia anónima, ni de un rumor: el canal existe, los videos están al aire y la figura de un feminicida circula libremente por redes como si se tratara de un generador de contenido más.
El condenado, Gustavo Ricci, quien abrió cuentas en redes sociales aseguró que dará su verdad y publicó un video de 27 minutos que grabó desde la cárcel en la que se encuentra.
“Se ha dicho que soy un hombre, un riquito, poderoso, eso no soy yo. Se ha dicho que yo compro a la Policía. Se ha dicho literalmente, ahí está en los medios. Se ha dicho que yo compro la política, se ha dicho que yo tengo una vida de lujos, licor y drogas”, dice uno de los mensajes publicados en sus nuevas redes sociales, que se han movido desde el pasado 17 de abril.
En el video, que fue hecho en la cafetería de la cárcel, Ricci dice que lo que ocurrió fue “un accidente” y “un acto de irresponsabilidad”, además asevera que: “Sé que tengo que asumir, como lo he hecho desde el primer día. He aceptado mi responsabilidad, pero no el delito al que he sido condenado”.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuya función es precisamente la de garantizar la seguridad, el control y el cumplimiento de las sanciones en los centros de reclusión, guarda silencio. La presencia de Ricci en plataformas digitales no solo evidencia una omisión institucional, sino que constituye un acto de revictimización directa.
Para la familia de Luz Mery —su hija, su hermana, sus allegados— no hay posibilidad de pasar página. La imagen de su asesino, hablando desde la prisión, es una afrenta diaria, un recordatorio brutal de la violencia que terminó con la vida de una mujer, madre, empresaria y figura del deporte colombiano.
El acceso a dispositivos electrónicos, redes sociales y cámaras al interior de los centros penitenciarios está prohibido. No obstante, Ricci continúa en línea. Y con él, el mensaje implícito de que en Colombia, incluso después de cometer un crimen atroz, se puede seguir teniendo voz, visibilidad y tribuna.
Esto no es libertad de expresión. Es negligencia institucional. Es un retroceso en el camino de justicia para las víctimas de violencia de género. Es una muestra de cómo el sistema penal puede terminar amplificando la voz del agresor mientras silencia el dolor de las víctimas.
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