En un duro golpe para el Gobierno del presidente Gustavo Petro y para los millones de trabajadores colombianos que esperaban una mejora en sus condiciones laborales, el Congreso de la República hundió la reforma laboral que se discutía en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La falta de quórum y la presión de los sectores políticos y económicos opuestos al proyecto fueron las principales razones del fracaso de esta iniciativa que buscaba promover el trabajo decente y la equidad social.
La reforma laboral era una de las principales apuestas del Gobierno del Cambio y había sido fruto de un proceso de diálogo tripartito con los gremios y las organizaciones sindicales. Entre sus puntos más importantes se encontraban la priorización del contrato a término indefinido, la recuperación del recargo dominical al 100% y de la jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m., el aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas, la regulación del trabajo en plataformas digitales, la prohibición de la tercerización y la subcontratación que afecten los derechos laborales, el fortalecimiento de la asociación sindical y la negociación colectiva, entre otros.
Sin embargo, estos avances se vieron truncados por la falta de voluntad política y de compromiso social de algunos congresistas que no asistieron a la sesión o se retiraron antes de votar. Según el presidente Petro, los dueños del capital y de los medios lograron cooptar al Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador y demostraron que no tienen voluntad de paz ni de pacto social. El mandatario lamentó el hundimiento de la reforma laboral y afirmó que su gobierno no abandonará los intereses de los trabajadores colombianos.
Por su parte, algunos analistas coinciden en que el Gobierno también tuvo responsabilidad en el fracaso de la reforma laboral, pues no supo liderar ni negociar con las diferentes fuerzas políticas para lograr un consenso mínimo. Además, señalan que el proyecto tenía algunos vacíos y contradicciones que generaron dudas y resistencias entre los empresarios, los trabajadores y la opinión pública.
Con el hundimiento de la reforma laboral se cierra una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y promover el trabajo decente en Colombia. Sin embargo, el debate no termina aquí y se espera que el tema siga siendo una prioridad en la agenda política y social del país. El Gobierno tendrá que presentar un nuevo proyecto en la próxima legislatura que se inicia el 20 de julio, pero tendrá que hacerle algunos cambios para lograr un mayor respaldo.
El Congreso, por su parte, tendrá que asumir su responsabilidad histórica y legislar en favor del pueblo colombiano y no para las élites del país. El Congreso tiene como funciones principales reformar la Constitución, elaborar las leyes, ejercer control político sobre el Gobierno, elegir altos funcionarios del Estado y contribuir a la paz y al desarrollo nacional. Estas funciones no pueden ser ignoradas ni desatendidas por intereses particulares o partidistas.
Los trabajadores colombianos merecen un Congreso que los represente y los defienda, que legisle para mejorar sus derechos y garantizar su bienestar. Los trabajadores colombianos merecen una reforma laboral que reconozca su dignidad y su aporte al progreso del país.
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