El pasado miércoles, el presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó un decreto que da inicio al Plan Nacional de Búsqueda para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1990. Se trata de una medida histórica que busca saldar una deuda pendiente con los familiares y la sociedad chilena, que aún reclaman verdad y justicia por los crímenes cometidos en ese período.
Según el decreto, el plan tiene como objetivo principal “establecer una política nacional permanente y metódica que permita esclarecer el destino o paradero de las personas desaparecidas por acción del Estado o de sus agentes”. Que según el informe Rettig suman 1.469, de las cuales solo se han recuperado 307 cuerpos.
El presidente Boric reconoció que el Estado ha fallado en su deber de dar respuestas a las familias y a la sociedad, y afirmó que la ausencia de los desaparecidos se siente de manera colectiva. Asimismo, destacó que el plan se basa en el respeto a los derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y sus familiares. El mandatario también hizo un llamado a la colaboración de todos los sectores políticos y sociales para apoyar esta iniciativa, que consideró un paso fundamental para la reconciliación nacional.
El decreto que impulsa el Plan Nacional de Búsqueda es una muestra del compromiso del gobierno de Boric con la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica. Se trata de una medida necesaria y urgente para cerrar una herida abierta en la sociedad chilena, que aún espera conocer la verdad sobre lo ocurrido con sus desaparecidos. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia plena y una convivencia pacífica.
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