La violencia política en Colombia es un problema grave que afecta la democracia y los derechos humanos. En el actual período electoral, se ha registrado un aumento alarmante de los ataques contra líderes y candidatos políticos, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), hubo un incremento del 92,1% en comparación con el ciclo electoral de 2019, con casos que incluyen amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos. En total, se reportaron 41 asesinatos de líderes políticos en los últimos 11 meses, un aumento de 11 casos en comparación con el mismo período en 2019 .
El informe señala que la violencia ha afectado no solo a líderes políticos, sino también a candidatos, con un aumento del 37,7%. Los candidatos al concejo son los más afectados. El departamento más peligroso es el Cauca, seguido de Nariño y Valle del Cauca, debido a disputas territoriales entre grupos armados ilegales, como las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central (EMC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) .
Tanto el MOE como la Defensoría del Pueblo han lanzado alertas por posibles actos de violencia en las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre. El número de municipios en riesgo ha aumentado en un 39% en comparación con las elecciones locales de 2019. Las Fuerzas Militares y Policiales han tomado medidas para garantizar la seguridad en la jornada electoral .
Este panorama es preocupante y exige una respuesta contundente por parte del Estado y la sociedad civil. Es necesario proteger la vida y la integridad de los líderes y candidatos políticos, así como garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. También es fundamental fortalecer la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en los territorios más afectados por la violencia.
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