El Salvador es uno de los países más afectados por la violencia de las pandillas, que se disputan el control de territorios y extorsionan a la población. Ante esta situación, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha lanzado una ofensiva sin precedentes para capturar y encarcelar a los pandilleros, con el apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad.
Una de las últimas acciones de esta estrategia ha sido el cerco militar en las ciudades de Apopa y Soyapango, donde se estima que hay unos 3.000 miembros de las principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha y Barrio 18. El presidente Bukele anunció el inicio de la fase “Extracción” de este plan, que consiste en la captura masiva de miembros de pandillas en las ciudades de Apopa y Soyapango, dos de las más afectadas por la violencia. Según informó el mandatario, unos 4.000 efectivos de seguridad, equipados con armamento pesado, cascos y chalecos antibalas, participan en esta operación, que se suma a otras similares realizadas en los últimos meses en otros lugares del país.
Sin embargo, esta política ha generado críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las violaciones al debido proceso. Además, algunos expertos advierten que estas medidas son insuficientes para resolver el problema de fondo, que tiene que ver con la exclusión social, la falta de oportunidades y la corrupción.
El presidente Bukele ha defendido su plan como una medida necesaria para garantizar la paz y la seguridad en el país, y ha rechazado las críticas como una injerencia externa o una defensa de los criminales. Ha afirmado que no se detendrá hasta capturar a todos los miembros de pandillas y que cuenta con el apoyo mayoritario de la población.
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