El Salvador se prepara para una elección presidencial histórica, en la que el actual mandatario, Nayib Bukele, busca un segundo período al frente del país centroamericano. Bukele, quien se registró como candidato el pasado 15 de octubre, ha logrado una alta popularidad entre los salvadoreños gracias a su gestión de la seguridad pública y su combate a las pandillas que azotan al país. Sin embargo, su candidatura ha generado polémica y críticas por parte de la oposición y de organismos internacionales, que ven en ella una amenaza a la democracia y al Estado de derecho.
Bukele, de 40 años, se presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañado de su compañero de fórmula, el vicepresidente Félix Ulloa, y de cientos de simpatizantes de su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso desde las elecciones legislativas de febrero pasado. El presidente aseguró que su objetivo es continuar con el cambio que inició en 2019, cuando rompió con el bipartidismo que había gobernado El Salvador desde el fin de la guerra civil en 1992.
“Estamos aquí para inscribirnos como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el período 2024-2029. Estamos aquí para seguir haciendo historia”, dijo Bukele ante los medios. El mandatario se mostró confiado en obtener una victoria contundente en los comicios del próximo 4 de febrero, en los que se enfrentará a otros nueve candidatos, entre ellos el exfiscal general Douglas Meléndez y el exministro de Hacienda Carlos Cáceres.
Sin embargo, la candidatura de Bukele no está exenta de cuestionamientos legales y constitucionales. La Constitución salvadoreña prohíbe expresamente la reelección inmediata del presidente, pero el año pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia que habilitó a Bukele para postularse nuevamente. La decisión fue ampliamente criticada por la oposición y por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que consideraron que se trataba de un fallo arbitrario e ilegítimo.
Y es que los magistrados que emitieron la sentencia fueron nombrados por el Congreso dominado por Nuevas Ideas, luego de que Bukele destituyera a los anteriores jueces en mayo de este año, en un acto calificado como un “golpe de Estado” por sus detractores. Además, el TSE también está integrado por afines al oficialismo, lo que genera dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso electoral.
Bukele ha rechazado las acusaciones de autoritarismo y ha defendido su derecho a participar en las elecciones. Asimismo, ha cuestionado la legitimidad de sus adversarios políticos y ha acusado a algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de estar al servicio de intereses extranjeros. El presidente también ha impulsado medidas polémicas como la adopción del bitcoin como moneda legal y la construcción de una ciudad futurista llamada Bitcoin City.
En este contexto, El Salvador se enfrenta a un escenario incierto y complejo, en el que se juega su futuro democrático y su estabilidad institucional. La candidatura de Bukele representa una continuidad de su proyecto político, pero también un desafío a las normas constitucionales y a los principios republicanos. La ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas.
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