La Fiscalía General de la Nación ha anunciado la imputación formal del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con el predio conocido como Aguas Vivas. Esta decisión judicial se suma a una serie de investigaciones que involucran a exfuncionarios públicos en Colombia.
El caso de Aguas Vivas se refiere a un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. En 2019, los propietarios del terreno ofrecieron el predio a la Alcaldía como compensación de obligación urbanística. Sin embargo, durante la administración de Quintero, el valor del terreno pasó de 2.711 millones de pesos a 42.000 millones de pesos, lo que generó controversia sobre un posible enriquecimiento sin justa causa por parte de la Alcaldía.
La administración de Quintero intentó conciliar con los dueños del terreno, ofreciéndoles 40 mil millones de pesos, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado se opusieron a esta decisión. Finalmente, en octubre de 2022, la Alcaldía devolvió el terreno a sus dueños sin darles dinero, respaldando indirectamente el argumento de los privados sobre el enriquecimiento sin justa causa.
La Fiscalía imputará a Daniel Quintero por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, y prevaricato por acción. Estos cargos están directamente relacionados con las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el caso de Aguas Vivas.
El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido crítico con la administración de Quintero, calificando el caso de Aguas Vivas como un “chanchullo” y acusando a su antecesor de corrupción. Gutiérrez ha asegurado que la administración de Quintero “se robó a Medellín”.
Por su parte, Daniel Quintero ha calificado la investigación como un “falso positivo judicial” y ha afirmado que se trata de un intento político para sacarlo de la carrera presidencial.
Además de Quintero, otros doce exfuncionarios de su administración también serán imputados en este caso. Entre ellos se encuentran Carlos Mario Montoya Serna, Karen Bibiana Delgado Manjarrés, Sergio Andrés López Muñoz, y varios otros funcionarios que ocuparon cargos clave durante su gestión.
La audiencia de imputación está programada para el 25 de marzo. Si se confirman los cargos, Quintero podría enfrentar serias consecuencias legales, incluyendo posibles penas de prisión y sanciones políticas. Este caso se suma a una serie de investigaciones que han afectado a varios exfuncionarios públicos en Colombia, reflejando un esfuerzo por combatir la corrupción en el país.
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