Un informe revelador de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), conocido como ‘Pauta visible‘, ha generado una gran polémica en el país al revelar un gasto de $ 20.022 millones de pesos en contratos de supuesta “publicidad oficial” ejecutados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) entre agosto de 2018 y agosto de 2020. Estos contratos, en los que participaron diferentes agencias de comunicación y publicidad digital, incluyendo a Du Brands SAS, fueron financiados en parte por el Fondo Colombia Paz. En este artículo, examinaremos en detalle las implicaciones y explicaciones relacionadas con el uso de estos fondos públicos en contratos de publicidad.
El informe de la FLIP revela que los contratos de “publicidad oficial” recibieron la mitad de su financiación del Fondo Colombia Paz, creado en 1997 con el propósito de financiar programas destinados a facilitar la reintegración a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley.
El Gobierno Nacional no había proporcionado una explicación clara sobre por qué se utilizaron recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz en lugar de recurrir a otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, en un documento oficial enviado al Congreso para un debate de control político, el Ejecutivo presentó algunas explicaciones.
El entonces director del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Juan Carlos Morales Vargas, argumentó en primera instancia que “la construcción de la paz comienza con un Gobierno que escucha a los ciudadanos y está cerca de ellos, por lo que es importante utilizar todas las herramientas disponibles para proporcionar información oportuna, clara y precisa a los colombianos”.
Según el alto funcionario, estrategias como las llevadas a cabo en redes sociales permiten conocer la opinión de la gente sobre los temas abordados, lo cual puede derivar en nuevas propuestas y soluciones que contribuyan a la construcción de una convivencia saludable.
El comunicado enviado al Legislativo aclara que ninguno de estos contratos constituye un “gasto de publicidad”. Sin embargo, el director del Fondo Paz reconoció que “se han celebrado algunos contratos cuyo objeto principal es el desarrollo de estrategias en medios masivos o digitales, en los cuales existe un componente de difusión institucional”.
El Fondo de Programas Especiales para la Paz, creado en 1997 mediante la Ley 368 de ese año, tiene como objetivo principal fomentar la reintegración a la vida civil de los grupos armados alzados en armas que demuestren su voluntad de incorporarse a través de su desmovilización y el abandono de las armas. También tiene la responsabilidad de diseñar y desarrollar planes para la habilitación y rehabilitación de las personas discapacitadas víctimas de la violencia.
Según el informe de la FLIP, de los más de 20 mil millones de pesos destinados a la denominada “publicidad oficial”, “7.390 millones fueron destinados a estrategias digitales y de redes; 5.130 millones a estrategias de comunicación generales y planes de medios; 118 millones a la producción de material publicitario; y 56 millones a la publicación de anuncios en medios impresos. Además, el 50 por ciento de los recursos provino del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz)”.
En el debate de control político, los congresistas de oposición Mauricio Toro, Katherine Miranda, Juanita Goebertus y Wilmer Leal solicitaron al Ejecutivo explicaciones sobre la contratación de Juan Pablo Bieri, quien previamente fue acusado de censura durante su gestión en RTVC y luego fue vinculado nuevamente al Gobierno como contratista.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia argumentó que el principio fundamental de la presunción de inocencia debe prevalecer, lo que significa que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un proceso que garantice plenamente sus derechos.
A pesar de esto, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Bieri por posibles extralimitaciones de funciones, abuso de autoridad, censura y violación de los derechos de libertad de expresión y opinión.
El Departamento Administrativo de la Presidencia certificó que Bieri tiene un contrato con el Gobierno por 468 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: 36 millones pagados en 2019, 222 millones que se deben pagar durante este año y 210 millones de pesos que el contratista facturará en 2021.
El informe ‘Pauta visible’ de la FLIP ha generado una gran controversia en el país al revelar el gasto de fondos públicos en contratos de “publicidad oficial”. El uso de recursos del Fondo Colombia Paz para financiar estas estrategias ha planteado interrogantes sobre la transparencia y el manejo de los fondos destinados a la paz y la reintegración de grupos armados al margen de la ley. Es necesario que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen las medidas correspondientes para garantizar la rendición de cuentas y evitar el mal uso de los recursos públicos. La sociedad colombiana exige transparencia y ética en el manejo de los fondos destinados a construir una paz duradera y promover la convivencia pacífica en el país.
Fuente: el tiempo.com
Revista Juventud, Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción.
