El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no extender el cese al fuego bilateral que mantenía con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), disidencia de las FARC comandada por Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. La decisión fue comunicada oficialmente por la Casa de Nariño el 16 de abril de 2025, a las delegaciones de paz involucradas.
El cese al fuego, que había estado vigente desde octubre de 2023 y regulado por los decretos 888 y 1280 de 2024, expiró el 15 de abril a medianoche. A pesar de que se había alcanzado un acuerdo preliminar para prolongar la suspensión de hostilidades por seis meses más, el presidente Petro optó por no darle continuidad.
Esta determinación implica la desactivación de los beneficios jurídicos temporales que poseían los miembros del EMBF integrados en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Desde la madrugada del 16 de abril, las órdenes de captura en su contra volvieron a estar vigentes.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que esta medida no implica la ruptura de las conversaciones ni el cierre de la mesa de diálogos. Los delegados del grupo insurgente seguirán siendo reconocidos como interlocutores válidos dentro del proceso de paz. El Gobierno ha activado los protocolos establecidos para una terminación ordenada del cese, otorgando un plazo de 72 horas para que ambas partes se reubiquen y adopten medidas de seguridad, conforme al Protocolo XI firmado en Popayán en diciembre de 2023.
La decisión también fue notificada al componente internacional, integrado por la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, que actúa como garante del proceso. Este era el único cese al fuego vigente bajo la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional. Su final deja al país sin acuerdos de suspensión de hostilidades activos con grupos armados.
El acuerdo no renovado había sido ajustado recientemente para funcionar de manera regional por bloques, luego de que se identificaran irregularidades, como el uso del cese por parte de otras estructuras armadas, incluidas las de “Iván Mordisco”, para cometer actos delictivos.
En una reunión entre delegados de ambas partes, realizada el pasado lunes en el municipio de La Macarena, Meta, se solicitó a la Casa de Nariño la prórroga de la tregua. Estaba prevista una reunión para finales de abril con el fin de reforzar mecanismos de respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil.
De acuerdo con denuncias previas el frente 36, vinculado al bloque Magdalena Medio del EMBF, ha estado desplegando unidades a otros departamentos con el objetivo de conformar nuevas estructuras armadas. Esa estrategia ya se ha materializado en territorios como el sur de Bolívar, donde surgió el frente 4°, y en el municipio chocoano de El Carmen de Atrato, donde se reportó la conformación del frente 34.
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