Recientemente, un juez de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda millonaria con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. Esta decisión, emitida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el 4 de marzo de 2025, se refiere específicamente a una deuda de más de $83.309 millones con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales, destacando que la deuda total supera los $41.654 millones, además de intereses moratorios que elevan la cifra a más de $46.900 millones.
Gutiérrez explicó que el Gobierno Nacional aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3, que debía desde el año pasado a EPM y sus filiales.
La medida judicial se tomó tras meses de intentos fallidos por parte del alcalde para establecer un diálogo con el Gobierno sobre el pago de estos subsidios eléctricos pendientes. Al no obtener respuesta, se decidió acudir a la justicia, lo que ha generado un hito en las acciones legales emprendidas contra el Ejecutivo.
Gutiérrez expresó: “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales”. Además, instó al presidente Petro a cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales, pidiendo que se paguen las deudas pendientes sin considerarlo un favor, sino como un deber legal.
El embargo implica la retención de fondos en cuentas del Gobierno para cubrir las obligaciones impagas relacionadas con la prestación del servicio eléctrico[8]. Esta medida puede tener implicaciones significativas para la gestión financiera del Gobierno y podría afectar la operación de empresas como Afinia, que también enfrenta problemas financieros debido a las deudas del Gobierno con EPM.
En resumen, el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional es una acción judicial que busca garantizar el pago de deudas pendientes con EPM y sus filiales, destacando la importancia de cumplir con las obligaciones legales y financieras del Estado.
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