La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha estado inmersa en un proceso crucial para el país: la elección de un nuevo Fiscal General. El pasado 7 de marzo, se llevó a cabo una sesión extraordinaria con el objetivo de seleccionar al próximo líder de la Fiscalía. Sin embargo, a pesar de las deliberaciones, no se alcanzó una decisión definitiva entre las tres candidatas propuestas por el presidente.
En la sesión previa, celebrada el 22 de febrero, ninguna d las candidatas logró obtener la mayoría de los votos. Este escenario ha
generado incertidumbre y tensiones, ya que la elección del fiscal general es crucial para la justicia y la institucionalidad del país. La persona que ocupe este cargo tendrá la responsabilidad de liderar investigaciones, velar por la legalidad y garantizar la imparcialidad en los procesos judiciales.
La decisión de una nueva fiscalía, la cual se encuentra entre: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón, y Amelia Pérez Parra, se ha vuelto a lo largo de las sesiones de votación, una necesidad imperante. A medida que este proceso se dilata, la burbuja de cuestionamientos por parte de las masas aumenta. ¿Un exceso de democracia? ¿La corte suprema está permeada de un discurso dialectico que discrepa con el gobierno actual y sus ternadas?
Es importante mencionar que la actual fiscal encargada, Martha Mancera, ha estado en el centro de la controversia debido a su presunta relación con un caso de “narcofiscales”. Este escándalo involucra a funcionarios de la Fiscalía en actividades delictivas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia de la institución.
La elección del nuevo fiscal general no solo debe considerar la idoneidad y la experiencia de las candidatas, sino también su compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción. Además, se espera que el proceso se realice de manera objetiva.
La Corte Suprema continuará su decisión el 12 de marzo, cuando se realizará una nueva votación. En medio de las tensiones y las
expectativas, el país espera que esta decisión contribuya a fortalecer la confianza en el sistema judicial, a garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, a no contratar un fiscal que alcance el 94% de impunidad, y que por favor cuando termine su labor no gaste la platica en placas enaltecedoras del ego.
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