La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha sido protagonista de varios escándalos que ponen en entredicho su ética y transparencia como “representante de los ciudadanos”. Teniendo presuntos vínculos con el narcotráfico, el paramilitarismo y la apropiación indebida de tierras.
Uno de los casos más llamativos es el de la venta de un apartamento y un garaje en Cali a un hombre vinculado con el cartel de Cali. Según el Registro de Instrumentos Públicos de Cali, en 1992, Cabal vendió estos bienes a Sarasti Guerrero, quien fue señalado por la justicia estadounidense de ser parte de empresas fachada utilizadas por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los jefes del cartel de Cali. Cabal ha negado conocer a Sarasti y ha dicho que solo fue una transacción comercial.
Otro aspecto que genera suspicacia es la cercanía de Cabal con personas relacionadas con el paramilitarismo y la acumulación de tierras. Su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, una organización gremial sin ánimo de lucro creada en 1963. Fue acusado por el exparamilitar Salvatore Mancuso de haberlo buscado en 2005 para apoyar la elección de Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación. Lafaurie ha rechazado estas afirmaciones y ha dicho que son parte de una persecución política. Cabe recordar que Cabal fue nombrada por Iguarán como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía en 2005, cargo que ocupó hasta 2007.
Además, Cabal ha presentado proyectos de ley que benefician directamente a su familia y a sus aportantes. Dos de estos proyectos buscan modificar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para proteger a los compradores de “buena fe” que adquirieron tierras despojadas a campesinos por grupos armados ilegales. Estos proyectos han sido criticados por organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto, que consideran que son una forma de legalizar el despojo y favorecer a los victimarios.
Se destaca el interés legislativo de Cabal en temas relacionados al sector inmobiliario, en el que tiene inversiones familiares. En 2015, Cabal presentó el Proyecto de Ley 222 para modificar algunas normas vinculadas al impuesto predial y el catastro. Para entonces, seis empresas relacionadas a familiares de la senadora estaban relacionadas al sector inmobiliario, según las Cámaras de Comercio de Valledupar y Cali: Lafaurie Cabal S en C, Agropecuaria Molina S.A.S, Inversiones Guabinas S.A.S, Antolena S.A.S, Amsel Inversiones S.A, Inversantamonica S.A.
Uno de los casos más recientes es el de la denuncia que presentó contra el líder social Julián Palacios Obregón, quien había difundido unos audios que supuestamente evidenciarían los nexos de Cabal con grupos paramilitares.
Palacios afirmó que tiene pruebas contundentes que comprometen a la senadora y que está dispuesto a enfrentarla legalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Además, vaticinó que Cabal renunciaría al Senado antes de que termine el año 2023 para evitar un juicio por las altas cortes. La senadora negó las acusaciones y anunció acciones judiciales contra Palacios por injuria y calumnia. El abogado de Palacios también respondió a las amenazas de Cabal, asegurando que defenderán al líder social de las intimidaciones.
Este no es el único escándalo que salpica a Cabal, quien también ha sido denunciada ante la Corte Suprema por presunto fraude electoral, luego de que la Fiscalía anunciara que se procesará a dos personas que habrían presionado a profesores para que votaran por ella en las elecciones legislativas de 2018. Asimismo, Cabal ha sido criticada por hacer campaña junto al condenado exmagistrado Jorge Pretelt, quien está involucrado en líos de despojo de tierras y fue sentenciado por corrupción.
Estos hechos podrían generar dudas sobre la idoneidad y la independencia de Cabal para ejercer su labor como representante del pueblo colombiano. Por ende, resulta crucial que los ciudadanos estén informados acerca de su historial y cualquier posible conflicto de intereses que pudiera existir.
Fuente: Cuestión Pública
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