Un informe entregado por la senadora María José Pizarro a la Comisión legal para la equidad de la mujer del Senado reveló la importancia de visibilizar los actos sexual hacia las mujeres en el ámbito legislativo, con el fin de exigir justicia. Así lo demuestra el texto publicado por El País.
Dicho informe contiene testimonios anónimos que reafirman los señalamientos propios de esta problemática. Sin embargo, no basta con implementar un protocolo para prevenir la violencia sexual o contratar un equipo psicosocial para apoyar a las víctimas. Se requiere una transformación profunda del Congreso, orientada a la educación en materia de igualdad, y una sanción ejemplar para los agresores.
La reciente revelación de los casos de violencia sexual y acoso que han sufrido varias mujeres en el Congreso de la República es una muestra más de la cultura machista y patriarcal que impera en este escenario de poder. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática que busca someter, humillar y silenciar a las mujeres que trabajan o participan en la actividad legislativa. Es indignante que quienes deberían representar los intereses de la ciudadanía y velar por el cumplimiento de la ley sean los mismos que violan los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.
No se puede permitir que el Congreso se convierta en un espacio inseguro e impune para las mujeres. Es hora de alzar la voz y exigir que se respeten los derechos e integridad en todos los espacios, incluyendo el legislativo.
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