El conflicto entre el Gobierno y las EPS por la financiación de la salud en Colombia se ha intensificado en los últimos días. Según los directivos de algunas de las principales EPS del país, como Sanitas, Sura y Compensar, más de 13 millones de usuarios podrían verse afectados por la falta de recursos para cubrir los costos de atención médica a partir de septiembre de 2023. Estas EPS han solicitado al Ministerio de Salud que revise urgentemente la asignación presupuestal y las normas que regulan el sector.
Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha rechazado las denuncias de las EPS y ha afirmado que el Gobierno cuenta con los recursos suficientes para garantizar el servicio de salud a todos los colombianos.
El ministro ha señalado que las EPS tienen la obligación legal y moral de prestar la atención médica y que no se puede hablar de crisis donde no hay. Asimismo, ha cuestionado las pérdidas reportadas por las EPS y ha recordado que también han tenido ganancias en años anteriores.
El ministro ha hecho un llamado al diálogo y a la concertación con las EPS para buscar soluciones conjuntas que beneficien a los usuarios y al sistema de salud. Por su parte, las EPS han manifestado su disposición a dialogar, pero han insistido en la necesidad de reformas estructurales que permitan una mayor sostenibilidad financiera y una mejor calidad de la atención.
Entre los puntos críticos que han planteado se encuentran la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), el monto fijo que se paga por cada afiliado al sistema, y la falta de pago oportuno por parte del Gobierno por los servicios prestados.
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