El choque entre el presidente Petro y el fiscal general Barbosa por una consulta acerca de la inactividad de los altos miembros de la fiscalía ante la muerte de 200 personas amenazadas por el Clan del Golfo, ha generado una gran polémica en el país. El jefe de estado exigió respuestas al funcionario por sus evasivas antelas denuncias de irregularidades en su gestión y se atribuyó como su superior jerárquico, basándose en el artículo 115 de la constitución política. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le pidió cordura al mandatario y le recordó que el fiscal general no tiene jefe y que debe actuar con autonomía e independencia.
Este episodio refleja la falta de diálogo y de respeto entre los poderes públicos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Este es un asunto de interés nacional que afecta la credibilidad y la confianza en las instituciones. Por eso, creo que tanto el presidente como el fiscal deben actuar con prudencia y responsabilidad, evitando caer en provocaciones y descalificaciones que solo contribuyen a polarizar más el ambiente político.
Asimismo, no se puede ignorar ni desestimar la voluntad popular que se manifestó masivamente en las urnas. Por lo tanto, es deber de la Fiscalía informar al jefe de Estado acerca de los resultados de la consulta, sin importar sus preferencias o intereses personales.
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