El caso del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, ha generado una gran controversia en el país, pues se trata del primer hijo de un mandatario colombiano que es enviado a la cárcel por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. ¿Qué implica este hecho para la democracia colombiana y para el gobierno de Petro?
Por un lado, algunos analistas consideran que la captura de Nicolás Petro demuestra la independencia y la autonomía de la justicia, que no se deja influir por el poder político ni por las presiones mediáticas. Así lo expresó el presidente Petro en su cuenta de Twitter, donde afirmó que no intervendrá ni interferirá en el proceso judicial de su hijo y que confía en que él pueda asumir las consecuencias de sus actos. Esta actitud sería un ejemplo de respeto al Estado de derecho y a la separación de poderes, pilares fundamentales de la democracia.
Por otro lado, otros observadores opinan que la detención de Nicolás Petro es una estrategia para debilitar y desprestigiar al gobierno de Petro, que ha enfrentado una fuerte oposición desde su llegada al poder. Según esta visión, la Fiscalía estaría actuando con sesgo político y basándose en pruebas endebles, como las declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien lo acusó de recibir dinero de un narcotraficante para financiar la campaña presidencial de su padre. Esta situación pondría en riesgo la legitimidad y la credibilidad de la justicia, así como la estabilidad y la gobernabilidad del país.
Uno de los puntos que llama la atención en el caso del hijo de Gustavo Petro, es el proceder áspero de la fiscalía en cuanto al caso, pues aparenta un accionar tendencioso. Lo mismo señaló el abogado Miguel Ángel del río Malo en un Tuit donde afirmó que: “No había necesidad de capturar a Nicolás Petro. Si la fiscalía tiene elementos de convicción bastaba una citación a imputación de cargos o medida. A esta fiscalía sólo la motiva el show y la retaliación. Derecho penal del enemigo.”
Acorde con el escritor Gustavo Bolívar: “Nicolas Petro es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros presientes no hayan delinquido, sino porque ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones como lo hace Gustavo Petro”.
Frente a esta noticia que ha generado controversia en las diferentes esferas políticas se nos es señalado un punto de vista que vale la pena analizar y es el hecho de que Nicolas Petro posiblemente sea el primer hijo de un presidente en ir a la cárcel, pero ¿será el único hijo o familiar de un personaje políticamente influyente, que se halla visto envuelto en casos de presunta corrupción?
A continuación se mencionaran algunos casos en los que no siempre el poder contrae un posicionamiento al margen de la ley, la ética y la moral.
Caso de Iván Velásquez y Mario Uribe
Iván Velásquez se formó como abogado en la Universidad de Antioquia, como parte de una generación muy crítica. Entre sus maestros estaban Carlos Gaviria y J. Guillermo Escobar, dos de los más respetados juristas del país.
Entre los años 2000 y agosto de 2012, Velásquez desempeñó el cargo de magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Desde 2006 hasta agosto de 2012, tuvo la responsabilidad de coordinar la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal. Esta comisión tenía como tarea principal investigar los vínculos existentes entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo en el contexto del escándalo conocido como Parapolítica. Con el que se logró la captura de 60 congresistas implicados en estas actividades ilícitas.
Velázquez fue espiado, chuzado, amenazado y víctima de montajes por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Uno de los más graves fue cuando el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, envió una supuesta carta suya al presidente Uribe en la que afirmaba que el magistrado Velásquez lo había presionado para acusar a Uribe Vélez de un crimen. Esto resultó ser un montaje.
La razón para que se iniciaran los montajes a Velásquez fue una investigación que el magistrado le abrió al primo del presidente, Mario Uribe, por nexos con grupos paramilitares. El montaje que le hicieron a Velásquez fue realizado por el abogado de Sergio González y los señores Mario y Santiago Uribe, Juan Carlos El Tuso Sierra entre otras personas. Tiempo después Tasmania confesó que se trataba de un montaje.
Claro, aquellos que detentan el poder no dudaran en usarlo para su beneficio incluso si aquello implica pasar por encima de la ley, la moral y la ética.
Irregularidades por parte de la empresa “Ecoeficiencia S.A.S” fundada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno
La empresa “Ecoeficiencia S.A.S”, dedicada a la exportación de chatarra, se vio involucrada en una investigación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por presunto fraude tributario. La empresa fue fundada en 2009 por los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según la Dian, la empresa habría declarado ingresos por exportaciones de chatarra que no se realizaron o que fueron inflados, con el fin de obtener devoluciones de impuestos de manera indebida. La entidad encontró que varios proveedores que aparecían en la declaración de renta de la empresa no existían o no tenían relación comercial con ella. Además, algunos documentos soporte presentados por la empresa tenían inconsistencias o falsedades.
La empresa ha negado las acusaciones y ha afirmado que fue víctima de una red de estafadores que se aprovechó de su confianza y que les suministró información falsa.
Relación con Odebrecht
En 2010, el periodista Gerardo Reyes, en un artículo publicado en El Nuevo Herald de Miami, informó que, durante el gobierno de Álvaro Uribe, su hijo Tomás Uribe actuó como intermediario para facilitar una reunión entre Guido y Miguel Nule con el presidente de Odebrecht Panamá. El propósito de esta reunión era que los Nule pudieran participar conjuntamente en la licitación de la Ruta del Sol, un relevante proyecto gubernamental durante el mandato de Uribe.
Caso Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez
El caso de corrupción que involucra a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga Martínez en el caso Odebrecht ha generado gran controversia en el país. Según una investigación de la Fiscalía, el excandidato presidencial habría recibido 1,6 millones de dólares de la constructora brasileña para financiar su campaña en 2014, lo que constituye un delito electoral. Además, habría intentado ocultar este hecho y engañar a las autoridades con documentos falsos.
La Fiscalía se basa en unos audios revelados por la Revista Semana, en los que Zuluaga admite ante Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías y directivo de su campaña, que sabía del dinero de Odebrecht y que lo usó para contratar al publicista Duda Mendoza. En estos audios, también se escucha a Zuluaga decir que confesó su pecado a un sacerdote y que quería salvar a su hijo de cualquier responsabilidad.
Su hijo, David Zuluaga Martínez, fue el representante legal de la campaña y se encargó de presentar los informes financieros ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según la Fiscalía, estos informes eran falsos y no reflejaban el ingreso de los dineros extranjeros. Por esta razón, tanto el padre como el hijo fueron imputados por fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
En la audiencia, Zuluaga y su hijo no aceptaron los cargos y se declararon inocentes. La defensa argumentó que no había pruebas suficientes para vincularlos con el caso Odebrecht y que los audios eran ilegales y manipulados. La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra ellos, por lo que seguirán en libertad mientras se define su situación jurídica.
Es curioso el proceder de la fiscalía en el caso de Zuluaga y su hijo, en comparación con el caso de Nicolas Petro, en el cual se forma un espectáculo de captura tendencioso, pero además de las minuciosas diferencias de los casos ¿Qué más diferencia a Nicolas Petro con los Zuluaga? ¿Serán las contrastantes ideologías políticas que ambos representan lo que le da la facultad a la fiscalía de brindarle un trato tan distinto en cuanto al manejo de los casos?
El caso del hijo del presidente Gustavo Petro es un acontecimiento que tiene implicaciones políticas, jurídicas y sociales para Colombia. Su desenlace dependerá de cómo se desarrolle el proceso judicial y de cómo reaccione la opinión pública. Lo cierto es que se trata de un escenario inédito en la historia del país, que plantea desafíos y oportunidades para la democracia.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
