La Misión Internacional Independiente de la ONU ha advertido que la violencia ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro contra los opositores ha alcanzado niveles “sin precedentes”. Detenciones arbitrarias, torturas y abusos sexuales forman parte de una estrategia coordinada para silenciar a los disidentes y mantener el control del poder.
Según el informe, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido, la represión se intensificó, dejando al menos 25 muertos y más de 2.000 detenidos, incluidos niños y personas con discapacidad. En este contexto, muchos venezolanos han huido hacia países vecinos como Colombia en busca de protección. Sin embargo, según Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos se Puede, quienes escapan de la represión en Venezuela sienten temor de quedarse en Colombia debido al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Durante el foro de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, García explicó que esta reactivación de vínculos entre los gobiernos ha generado miedo, ya que se activan protocolos que podrían comprometer la seguridad de los refugiados. Además, García subrayó que la falta de renovación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia aumenta la vulnerabilidad de los exiliados. Al quedar en situación de irregularidad extrema, los migrantes se ven expuestos a riesgos como la explotación laboral y sexual, así como al control de grupos irregulares.
La negativa de las autoridades colombianas a renovar el estatuto responde, en parte, a la falta de consenso sobre la situación en Venezuela, donde algunos consideran que no existe una crisis humanitaria, lo que complica aún más la situación de los migrantes. La represión en Venezuela no es un fenómeno reciente. Desde 2014, las autoridades han implementado tácticas violentas para sofocar las protestas, y la situación ha empeorado en los últimos años.
La ONU ha documentado múltiples crímenes de lesa humanidad, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones sistemáticas. En su informe más reciente, la Misión detalló cómo las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, apoyadas por colectivos armados gubernamentales, han atacado a manifestantes pacíficos, resultando en cientos de víctimas. Entre las formas de tortura utilizadas, se destacan descargas eléctricas, golpizas, asfixia con bolsas plásticas y privación de sueño, dirigidas tanto a hombres como a mujeres y niños. Estas prácticas buscan, no solo castigar, sino también disuadir cualquier intento de oposición o crítica al gobierno.
Francisco Cox Vial, miembro de la Misión, mencionó que las detenciones arbitrarias afectan a todos los sectores de la sociedad, incluidos militares disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos. El informe de la ONU también destaca que el sistema de justicia en Venezuela está subordinado al poder ejecutivo, lo que deja a la población indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.
La Misión reiteró que las detenciones y violaciones de derechos humanos documentadas no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión política. La persecución ha alcanzado a líderes de partidos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, consolidando un clima de miedo y represión que afecta tanto a quienes permanecen en el país como a los que buscan refugio en el extranjero.
A pesar de los llamados internacionales para que se respeten los derechos humanos en Venezuela, el gobierno ha intensificado su campaña de represión, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, tanto dentro como fuera del país. La gravedad de la crisis ha empujado a una creciente migración, pero el miedo y la falta de protección en países como Colombia generan nuevas barreras para quienes buscan escapar del control represivo del régimen de Maduro.
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