La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia Laserna ha sido cuestionada por las múltiples relaciones que tiene con contratos con el Estado, en los que se ven involucrados ella misma y personas de su círculo cercano. A continuación, se analizarán algunos de los casos más relevantes que evidencian posibles conflictos de interés y falta de transparencia en la gestión pública de la legisladora.
Uno de los casos más llamativos es el de los contratos que han obtenido miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo o UTL, que son las personas que la apoyan en su labor como senadora. Según una investigación de Cuestión Pública, estos funcionarios han contratado con el Estado por más de 600 millones de pesos entre 2014 y 2020, la mayoría bajo la modalidad de contratación directa, es decir, sin licitación pública. Entre ellos se destaca Luz Ángela Velasco Maya, ex asistente III senatorial en la UTL, quien contrató por $252.576.257 con el ministerio de Trabajo para trabajar en proyectos de temas de género. Otro caso es el de Andrés Felipe Ariza Londoño, ex asistente I senatorial, quien contrató por $49 millones con Coldeportes en 2019 para prestar servicios profesionales en el área jurídica.
Otro caso que llama la atención es el de la Fundación Guillermo León Valencia, que lleva el nombre del abuelo de la senadora, al que, allegados a la senadora como su propia madre o hermanas, tienen o tuvieron participación. Dicha fundación que tiene como objeto social la preservación y difusión del legado histórico y cultural del expresidente. Esta fundación ha suscrito convenios por más de $320.000.000 con el ministerio de cultura. En el primero de estos convenios, firmado en 2014, la fundación aportó solo $6.759.432 y el Estado $203.692.752. Es decir, el aporte estatal fue 30 veces mayor que el de la fundación.
Un tercer caso que genera suspicacias es el de la ley que beneficiaría a la suegra de la senadora, Carmen Barraquer Coll, dueña de la Clínica Barraquer, una reconocida institución oftalmológica. Se trata de la Ley 1797 de 2016, que fue presentada por Paloma Valencia Laserna junto con otros colegas de su bancada. Esta ley establece que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán prelación de créditos en los procesos de liquidación, es decir, que se establece un orden de prioridad para el pago de deudas en caso de insolvencia, garantizando que los acreedores sean pagados en función de su posición en la jerarquía de prelación establecida por la legislación aplicable. Según Cuestión Pública, esta ley favorecería a la Clínica Barraquer, que presuntamente tiene una cartera morosa con las EPS.
Finalmente, otro caso que muestra las conexiones políticas y económicas de la senadora Valencia Laserna es el de Francisco José Mejía Sendoya, quien fue su fórmula al Congreso en 2014 y luego miembro de su UTL . En agosto del 2018, Mejía Sendoya fue nombrado presidente del Banco Agrario de Colombia, una entidad pública que maneja recursos del orden nacional. Otro ejemplo es el de Diana Marcela Velasco Rentería, quien trabajó en la UTL de la senadora en 2016 y luego fue asesora del Ministerio del Interior.
Estos casos evidencian que la senadora Paloma Valencia Laserna ha utilizado su posición política para favorecer los intereses económicos propios y los de su círculo cercano. Esto representa una falta grave a los principios de ética, transparencia y responsabilidad que deben regir la función pública. Por eso, es necesario que la ciudadanía se cuestione los intereses ocultos que la oposición tenga para obstaculizar los proyectos de ley que trata de impulsar el gobierno de Petro. Si bien es cierto que el rol de Paloma Valencia es de detractora frente al gobierno actual, no se puede desconocer el historial de acciones que reflejan de donde viene y para donde va. Siempre con sus intereses por delante, la senadora Valencia ha demostrado tener una doble moral al cuestionar la corrupción de otros sectores políticos, mientras ella se beneficia y beneficia a su círculo cercano a costa de contratos con el Estado.
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