La reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el artículo de la reforma tributaria que impedía a las empresas petroleras y mineras deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta ha generado una gran controversia en el país. Según el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, esta medida representa una pérdida de ingresos de cerca de 10 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación, que tendrá que ser compensada con ajustes en el mismo presupuesto.
El funcionario mencionó que, aunque se han registrado resultados favorables en el recaudo de personas naturales y otros conceptos, la decisión de la Corte afecta las proyecciones fiscales del Gobierno y pone en riesgo la financiación de programas sociales, educativos, de salud, defensa y seguridad.
Esta situación evidencia la fragilidad del sistema tributario colombiano, que depende en gran medida de los ingresos provenientes del sector extractivo, que a su vez está expuesto a las fluctuaciones del mercado internacional y a las decisiones judiciales. El Gobierno ha manifestado su respeto por la autonomía e independencia de la Corte Constitucional, pero también ha expresado su desacuerdo con el fallo, que considera contrario al principio de equidad tributaria y al interés general.
Ante este panorama, es necesario que el Gobierno y el Congreso busquen alternativas para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, sin afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni comprometer el crecimiento económico. Se requiere una reforma tributaria estructural que amplíe la base gravable, reduzca las exenciones y beneficios tributarios, simplifique el sistema impositivo y fortalezca la lucha contra la evasión y la elusión.
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