El reciente fallo del juez de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que negó la solicitud de libertad del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, ha generado un intenso debate en Colombia. Esta decisión, basada en la existencia de 33 medidas de aseguramiento pendientes en Barranquilla y en la controvertida designación de Mancuso como “gestor de paz” por parte del presidente Gustavo Petro, plantea importantes cuestionamientos sobre sobre la construcción de paz entre y las formas de reconciliación social en nuestro país.
Es crucial analizar la figura del “gestor de paz”, ya que si bien la intención es la construcción de la paz desde la ayuda de agentes que formaron parte un ciclo de violencia histórica, el juez argumentó que existen serios “vacíos sobre las funciones de Mancuso” en este rol y que su nombramiento podría permitir un atropello a la justicia a causa de sus crímenes de lesa humanidad y de guerra. La Constitución establece que la paz no puede ser un pretexto para la impunidad, y en este caso, el juez consideró que la resolución presidencial debía ser inaplicada para garantizar la coherencia con los principios fundamentales de nuestro sistema judicial (“justicia”).
Esta acción va en contra de las tomadas por la jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, quien fue la le otorgó la libertad condicionada a Mancuso en tres de los 50 procesos en su contra. Sin embargo, esta libertad está sujeta a la condición de que no sea requerido por otra autoridad, como el tribunal de Barranquilla. Es aquí donde surge el conflicto entre la posibilidad de cumplir con las medidas de justicia y ayudar a la construcción de las paz.
La respuesta no es sencilla. Por un lado, la sociedad anhela la paz, pero cuestionan la posibilidad de reintegrar al excombatiente a la vida civil. Pues para la historia de Colombia no es posible olvidar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Mancuso ha confesado su participación en cientos de asesinatos. Además, se le atribuye la autoría de varias masacres. En este contexto, la decisión judicial debe ser rigurosa y ponderada. La libertad de Mancuso no puede ser una puerta abierta para la impunidad. La justicia debe prevalecer, pero también debemos considerar la posibilidad de que los excombatientes contribuyan a la construcción de una paz duradera. Es un delicado equilibrio que requiere análisis profundo.
El caso de Salvatore Mancuso nos enfrenta a una encrucijada moral y legal. ¿Cómo lograr la reconciliación sin sacrificar la justicia en este país?.
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