Tras conversaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN se acordó una mayor presencia del Estado en ciertos lugares del país afectados por el conflicto armado

La reciente declaración conjunta del Gobierno y el ELN, en la que se comprometen a priorizar la atención a cuatro regiones del país donde el conflicto armado ha dejado profundas huellas, es un paso importante para avanzar en el proceso de paz y en la construcción de una Colombia más justa e incluyente. Sin embargo, no basta con anunciar medidas, sino que se requiere una implementación efectiva y oportuna, que garantice la seguridad, los derechos y el bienestar de las comunidades que han sufrido los embates de la guerra.

Las zonas elegidas para este propósito son el Bajo Cauca, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, así como el Bajo Calima y San Juan en la costa Pacífica. Estas áreas han sido históricamente marginadas y abandonadas por el Estado, y han sido escenario de múltiples violaciones de derechos humanos por parte de los actores armados, tanto legales como ilegales. Allí, la población civil ha padecido los efectos de las masacres, los desplazamientos forzados, las minas antipersona, el reclutamiento de menores, la extorsión, el narcotráfico y la corrupción.

Por eso, es fundamental que el Gobierno y el ELN cumplan con lo pactado y desplieguen una presencia estatal integral y sostenible en estas regiones, que no se limite a la acción militar, sino que incluya también proyectos sociales, económicos, ambientales y culturales, que respondan a las necesidades y expectativas de las comunidades. Asimismo, es necesario que se respeten los acuerdos humanitarios y el cese al fuego bilateral, que se brinden garantías para la participación social y política de los excombatientes y las víctimas, y que se avance en la solución de la situación de los “presos políticos” del ELN.

El proceso de paz con el ELN es una oportunidad histórica para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado a Colombia por más de medio siglo.

Por otro lado, hay sectores políticos y sociales que cuestionan la legitimidad y la conveniencia de negociar con esta guerrilla, especialmente después del cambio de gobierno en 2022.

Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción

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