La reciente decisión de la Corte Constitucional de derogar el Decreto 1844 del 2018, que facultaba a la Policía Nacional para incautar la dosis mínima de droga en espacios públicos, ha generado una fuerte controversia entre diferentes sectores de la sociedad. Por un lado, están los que defienden el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la necesidad de un enfoque rehabilitador para los consumidores de drogas, evitando estigmatizarlos y criminalizarlos. Por otro lado, están los que consideran que el decreto era una herramienta eficaz para combatir el microtráfico y proteger a la niñez y la familia de las prácticas nocivas que se realizan en parques infantiles y otros lugares públicos.
Entre los críticos del fallo de la Corte se encuentra el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien expresó su desacuerdo ante la derogación del decreto, calificándola de incomprensible. Camargo argumentó que el decreto contaba con respaldo jurídico y constitucional, y que otorgaba a la policía la capacidad de aplicar medidas correctivas contra el tráfico de drogas en lugares públicos, sin vulnerar los derechos de los consumidores.
Asimismo, subrayó la obligación del Estado de proteger y educar a los niños y jóvenes, cuestionando la prioridad dada al uso del espacio público para prácticas nocivas. Finalmente, alertó sobre el crecimiento del consumo de drogas, especialmente el microtráfico, que afecta a niños y jóvenes, siendo instrumentalizado por grupos delincuenciales.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, compartió la preocupación del Defensor del Pueblo, pero planteó una alternativa diferente. Ospina propuso que se despenalice el consumo de drogas, pero que se establezcan sitios legalizados y regulados para garantizar seguridad y evitar la acción criminal. Según el alcalde, esta medida permitiría separar a los consumidores de drogas de las actividades delictivas, ofrecerles atención médica y psicológica, y reducir el impacto negativo en el espacio público.
La polémica está servida y no parece haber una solución fácil ni consensuada. Lo cierto es que se trata de un problema complejo que requiere un análisis integral y multidisciplinario, teniendo en cuenta los aspectos legales, sociales, sanitarios y educativos. Lo que no se puede negar es que el consumo de drogas es una realidad que afecta a millones de personas en Colombia y en el mundo, y que demanda una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado y la sociedad.
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