El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado la suspensión del trámite de una resolución del Ministerio de Ambiente que buscaba establecer lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
Esta decisión ha generado un intenso debate entre las autoridades locales y nacionales, destacando tensiones sobre la autonomía de Bogotá y el impacto en proyectos clave de infraestructura.
Contexto de la Resolución
La resolución en cuestión, que había sido redactada y publicada para comentarios por la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, proponía que las obras de infraestructura en la región tuvieran en cuenta el desarrollo ambiental. Sin embargo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su oposición argumentando que la norma atenta contra la autonomía de la capital y pondría en riesgo proyectos fundamentales como la Línea 1 del metro, el Regiotram de Occidente, la troncal de la calle 13 y la ampliación del aeropuerto El Dorado, al ubicarlos en zonas de humedales.
El alcalde Galán sostuvo que la resolución no fue concertada con el Distrito, lo cual es un requisito legal y jurisprudencial. Por su parte, la exministra Muhamad afirmó que desde 2023, el Distrito había sido invitado a todas las mesas de trabajo técnicas. Además, la medida ha generado descontento entre autoridades locales de los municipios de la Sabana de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
Suspensión del Trámite
La suspensión del trámite fue solicitada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro de un trámite de cumplimiento de la sentencia de saneamiento del río Bogotá. La magistrada Nelly Villamizar ordenó que las pruebas y documentos asociados a la resolución pasen por las entidades que no tuvieron la oportunidad de controvertirlos.
Esta decisión judicial busca garantizar que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de revisar y debatir los documentos antes de que se continúe con el proceso.
La resolución del Ministerio de Ambiente buscaba equilibrar el desarrollo infraestructural con la protección ambiental, un tema crucial en la región. Sin embargo, la oposición del Distrito y otras autoridades locales ha puesto de relieve las tensiones entre la autonomía local y las políticas nacionales de protección ambiental.
Futuro de la Resolución
Aunque la suspensión del trámite es una medida cautelar, abre un espacio para que se revisen y mejoren los lineamientos propuestos. La inclusión de todas las partes interesadas en el proceso de revisión podría ayudar a abordar las preocupaciones tanto ambientales como políticas, asegurando que cualquier decisión final sea más equilibrada y consensuada.
En paralelo, Bogotá ha avanzado en la implementación de políticas ambientales locales, como la Resolución 02700 de 2023, que establece una metodología para la evaluación de riesgos de suelos contaminados, aplicando principios de prevención y precaución para proteger el ambiente y la salud humana. Esta iniciativa local refuerza la importancia de la gestión ambiental en el Distrito, mientras se resuelven los desafíos a nivel nacional.
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