El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado una ambiciosa propuesta para una reestructuración de la estrategia de seguridad nacional, con miras a su implementación para el año 2026. La propuesta fue revelada durante una reunión con generales retirados el jueves 13 de febrero, y se centra en fortalecer las Fuerzas Armadas y abordar la creciente inseguridad en Colombia. Un elemento clave de la visión de Uribe es la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Uribe sostiene que la JEP, establecida para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado hasta 2016, socava la justicia para el personal militar y policial. Asegura que este tribunal se ha convertido en un obstáculo para la imparcialidad y la protección legal de los miembros de las fuerzas de seguridad. “La JEP quiere destruir al ejército colombiano“, afirmó Uribe con énfasis. “Debemos declarar clara y valientemente que, para restaurar la certeza jurídica a nuestros soldados y policías, necesitamos un organismo separado de aquellos que examinan imparcialmente cualquier denuncia.”
Preocupaciones sobre la Fuerza Militar
El expresidente expresó su preocupación por el debilitamiento percibido de las Fuerzas Armadas bajo la actual administración. Destacó la pérdida de liderazgo experimentado, afirmando: “Se necesitan 30 años para formar a un general. Hemos perdido 1,500 años de formación con los generales que este gobierno ha despedido.” Uribe cree que este vacío de liderazgo está afectando negativamente la capacidad del ejército para responder eficazmente a los crecientes desafíos en materia de seguridad.
Uribe subrayó la importancia de la unidad entre el personal militar activo y retirado para mejorar la seguridad nacional. Propuso una estrategia colaborativa, afirmando: “Con la ayuda de todos los generales que están en retiro… se unirán con todas las asociaciones de retirados y las unirán con los activos para definir una gran política de seguridad.”
Reformando la Justicia Penal para el Militar
En consonancia con su propuesta de reformar el sistema de justicia penal para el personal militar, Uribe sugirió limitar a cinco años el máximo de pena para los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes cometidos hasta 2016. “Propongo que esto se discuta, y que le digamos a Colombia: esta es la propuesta para fortalecer a las Fuerzas Armadas“, afirmó Uribe, enfatizando la necesidad de una legislación que garantice seguridad jurídica a los soldados y les permita desempeñar sus funciones con mayor confianza.
Uribe visualiza el año 2026 como un punto crucial para la seguridad colombiana, con una nueva administración implementando una política integral que abarque no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Policía y otros sectores del Estado. Según el expresidente, la seguridad de los ciudadanos y el futuro del país dependen de un enfoque conjunto que restaure la capacidad operativa del Ejército, asegure la estabilidad legal de los servicios uniformados y fortalezca las instituciones. La propuesta de Uribe ya ha encendido un debate en todo el espectro político colombiano, con partidarios que la consideran un paso necesario para restaurar el orden y la ley, mientras que los críticos la condenan como un retroceso en los esfuerzos por justicia transicional y una amenaza a los derechos humanos.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
