La protesta social es un derecho de los pueblos y la principal herramienta de lucha que estos tienen para lograr sus reivindicaciones. En Colombia, se ha restringido históricamente y la excusa utilizada para castigarla era tildar de terrorista este ejercicio.
Desde el inicio, si nos situamos en Ciénaga, Magdalena, diciembre 6 de 1928; ubicamos uno de los primeros eventos y más trascendentales en la historia de las luchas de trabajadores y trabajadoras conmemorados y celebrados cada 1 de mayo en Colombia, conocido como la Masacre de las Bananeras, los trabajadores que protestaban por mejores condiciones laborales y salarios justos fueron brutalmente reprimidos por el Ejército bajo órdenes de la United Fruit Company, una empresa estadounidense, dejando un número significativo de trabajadores muertos y heridos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha obrera en nuestro país. Desde ahí, toda una línea histórica de hechos represivos y estigmatizantes contra la protesta social se ha desarrollado en nuestro país pero camuflados por parte de los gobiernos en el marco del conflicto: las históricas luchas estudiantiles desde el asesinato de Gonzalo Bravo en 1929 hasta las actuales donde cientos de jóvenes han sido agredidos, el llamado Bogotazo, reacción popular al asesinato de Gaitán, el paro cívico de 1977, el Paro Agrario del 2013, el Paro Cívico de Buenaventura en 2017 y el Estallido Social del 2021.
Una vez corrido el telón de la guerra, con la firma del Acuerdo Final de Paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado colombiano y Las extintas FARC-EP, en noviembre de 2016, la gente en Colombia pudo ver la dimensión de los problemas que agobian al país y que los escondían como consecuencia de la guerra, hablamos de la corrupción, de las economías ilegales y de los malos manejos de las finanzas del Estado.
La magnitud de los problemas en Colombia era tal que de no ser por la firma del Acuerdo de Paz hubiese sido un país inviable y es que no estamos lejos para recordar cómo en el 2019, año que inició en Colombia el Paro Nacional por la gran marcha convocada para el 21 de noviembre de ese año, antecedida por la “Marcha por la vida” ocurrida en julio, y motivada por una serie de eventos que evidenciaban el mal manejo de Duque al país, con casos como el bombardeo ocurrido bajo la responsabilidad del entonces Ministro Guillermo Botero donde murieron varios menores de edad, el asesinato a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, la corrupción en el caso de Odebrecht y Carrasquilla, entre otros. Como respuesta el gobierno de Duque atacó fuertemente las marchas a través de la fuerza pública y la represión a las y los manifestantes, fue en noviembre de ese año donde en Bogotá, el joven Dylan Cruz fue asesinado por parte de ESMAD.
El Paro Nacional fue interrumpido por la llegada de la pandemia por COVID-19 el cual, a su vez produjo que se evidenciará aún más, un país olvidado por el gobierno, la gente entró en crisis, sin poder salir a trabajar, muchas personas quedaron a la deriva, con hambre y sin poder vivir dignamente en medio de una cuarentena y por si fuera poco, tras meses de crisis, el gobierno anuncia un paquetazo de reformas que en vez de garantizar y proponer mejorar la vida de la gente, la empeoraba. El 28 de abril de 2021, la gente de nuevo se tomó las calles, no había nada que perder, la defensa de sus derechos era la principal bandera. Fue histórico lo que sucedió ese año, en todo el país, las protestas se mantuvieron por tres meses y además de movilizaciones se realizaron actividades culturales, pedagógicas, de solidaridad en los barrios con sancochadas, ollas comunitarias y encuentros de las comunidades. Y aunque, a manera de victoría para la gente, las reformas no tuvieron éxito y fueron retiradas, la respuesta del gobierno se mantuvo en violencia y represión.
Para junio del 2021, mes donde cesó el Paro Nacional, de acuerdo con cifras de INDEPAZ, dejó en total 44 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias y 1468 casos de violencia física, todo lo anterior por parte de la fuerza pública. Por otra parte, también dejó otro saldo, para las elecciones presidenciales, la segunda vuelta no estaba disputada por partidos tradicionales y fue la movilización social, la semilla que sembró el cambio y abrió la puerta al gobierno de Gustavo Petro.
De esta forma, a lo largo de nuestra historia, la protesta social ha sido una herramienta importante para la expresión y búsqueda de cambios en la sociedad, aunque también ha enfrentado desafíos como la represión estatal y la estigmatización. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la resistencia y la lucha por la justicia social continúan siendo parte integral del panorama político y social en Colombia.
Hoy, gracias a ese derecho y a lo establecido en el Punto 2 del Acuerdo Final de Paz, la protesta está respaldada, pero además de eso, la participación ciudadana y las garantías para ejercer oposición en Colombia, lejos de lo sucedido con el anterior gobierno, las movilizaciones efectuadas este año por parte de la oposición han sido respetadas, ninguna persona que haya participado en estas puede decir que ha sido víctima de represión, estigmatización o violencia policial, eso es el cambio y esa es la paz que brinda el Acuerdo.
Yo le marcho al cambio y a ese panorama de hacer de nuestro país un territorio en paz y con justicia social.
Una nota de cristal de: Luis Alberto Albán, Representante a la Cámara por el valle del Cauca – Partido Comunes.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
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