En Argentina, el fiscal Carlos Stornelli ha dado inicio a una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de presuntos delitos de lesa humanidad durante su mandato entre 2002 y 2010. Estos delitos estarían vinculados a ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas armadas de Colombia.
Stornelli ha solicitado al juez a cargo llevar a cabo pruebas y recopilar testimonios de familiares de las víctimas que han denunciado al exmandatario. Entre los denunciantes se encuentran Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo.
La causa abierta contra Uribe indica que estos supuestos crímenes habrían resultado en 6,112 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que falsamente se presentaron como caídas en combate durante acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidas como ‘falsos positivos’.
Se imputa a Uribe la responsabilidad en “crímenes de guerra y lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido en Colombia entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008”.
El fiscal Stornelli pudo iniciar la investigación en virtud del principio de jurisdicción universal, invocando el “artículo 118 in fine de la Constitución Nacional, la ley 26.200, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”. Estos dispositivos legales establecen que “los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados incluso fuera del lugar donde fueron cometidos”.
Stornelli, conocido por liderar investigaciones contra el gobierno de Carlos Menem, explicó que la apertura de la investigación tiene como objetivo evitar que los crímenes denunciados queden impunes, haciendo especial referencia a la desaparición y posterior asesinato de once jóvenes en Soacha y Cundinamarca, perpetrados por miembros del Ejército Nacional. Según Stornelli, Uribe deberá responder por “los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido en Colombia”.
¿Qué pasará con el expresidente Uribe?
Por su parte el expresidente aseguró a la justicia colombiana que está preparado para enfrentar este proceso penal. Por ahora, las autoridades recolectan información relacionada a los ‘falsos positivos’.
En la actualidad, la justicia argentina está llevando a cabo una serie de solicitudes internacionales respaldadas por la cooperación penal de la Organización de Estados Americanos. En los próximos días, se espera que se exija a la Presidencia de la República de Colombia, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior la entrega de actas de reuniones internas y externas, notas internas, así como registros de comunicaciones relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que tuvieron lugar entre los años 2002 y 2010.
Este paso evidencia el compromiso de la justicia argentina en esclarecer los presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el período mencionado. La solicitud de documentos específicos busca obtener información detallada sobre las acciones llevadas a cabo por las autoridades colombianas en relación con las ejecuciones extrajudiciales, proporcionando así una base para la investigación en curso.
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