La paz no es solo un derecho. Es un anhelo profundo, un mandato social y constitucional. Pues, aunque Colombia firmó un Acuerdo de Paz reconocido en el mundo entero por su carácter transformador, hoy, ocho años después, casi nueve, esa paz sigue siendo perseguida y atacada.
Desde 2016, 473 firmantes de paz han sido asesinados. No es una cifra. Son vidas. Personas que apostaban por la reconciliación y que fueron silenciados por el miedo y la impunidad. Nos duele cada muerte. Cada familia que llora. Cada comunidad que se desestructura por la pérdida de quienes habían decidido transitar otro camino.
Desde el Congreso hemos levantado la voz. Hemos acompañado a las organizaciones de firmantes, a las comunidades que resisten y a los procesos que, a pesar de todo, siguen sembrando paz. Pero no es suficiente con alzar la voz: es hora de exigirle al Estado una respuesta estructural.
La seguridad de quienes firmamos la paz no puede reducirse a un esquema de escoltas. La protección debe ser colectiva, territorial y transformadora. No se trata solo de proteger a personas, sino a los tejidos sociales que sostienen la vida digna. Tierra, vivienda, salud, educación, vías, economías propias: eso también es seguridad.
Por eso hemos insistido en la implementación integral del Acuerdo de Paz, articulada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”. No puede hablarse de reincorporación si no existen condiciones para que las y los firmantes vivan y trabajen en sus territorios con garantías.
En ese sentido, la reincorporación debe ser colectiva, comunitaria, productiva. Un ejemplo vivo de ello lo encontramos en el Valle del Cauca: la Federación de Economía Social y Solidaria Mónica González, que agrupa a más de 180 firmantes de paz junto a comunidades campesinas, urbanas y juveniles, demuestra que sí es posible construir paz desde abajo, desde el trabajo, desde la esperanza.
Nos preocupa profundamente el aumento de la violencia en el Valle del Cauca. Las amenazas, asesinatos selectivos y la disputa armada por el control territorial no solo afectan a los firmantes: amenazan la posibilidad misma de hacer paz territorial.
Por eso llamamos con urgencia y proponemos rutas de protección colectiva diferenciadas, que reconozcan el valor transformador de los procesos que nacen del Acuerdo de Paz. También es necesario facilitar el acceso a tierras, proyectos productivos, vías terciarias y servicios básicos, no solo para los firmantes, sino también para las comunidades rurales y populares que construyen a su lado.
Para lograrlo, se requiere una articulación efectiva entre entidades como la UNP, ARN, ANT, ADR, SAE, la Fiscalía y otras. Hoy, muchas veces, la protección se pierde en un laberinto de trámites y competencias cruzadas. Necesitamos respuestas integrales, ágiles y eficaces.Blindar la vida es defender la paz. Y defender la paz es defender el futuro. Que cada esfuerzo que hagamos como Estado y como sociedad parta de esa convicción.
Una nota de Cristal de: Luis Alberto Albán Urbano. Representante a la Cámara por el Valle del Cauca.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
