El nombramiento de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha sido cancelado en medio de un escándalo por acusaciones de acoso sexual, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social colombiano. Este anuncio se produjo el 11 de noviembre de 2024, cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que no se emitirá ningún decreto formal que lo posicione en el cargo, a pesar de que su nombramiento había sido anticipado el 6 de noviembre. La situación se desencadenó tras la denuncia presentada por Yuly Viviana Vargas Ávila, una funcionaria del Ministerio del Interior, quien acusó a Cancino de aprovechar su posición para acosarla sexualmente durante un encuentro laboral.
Según la denuncia, el acoso comenzó el 9 de octubre, solo diez días después de que Cancino dejara su cargo como viceministro del Interior. Vargas, quien estaba buscando apoyo para extender su contrato en el ministerio, fue invitada a la casa de Cancino bajo el pretexto de discutir temas laborales. Durante este encuentro, que inicialmente transcurrió con normalidad, Cancino cambió repentinamente el tono de la conversación. Vargas relató que él se levantó y, acercándose por detrás, la abrazó y le metió las manos debajo de la blusa, tocándole los senos sin su consentimiento. Ante esta situación, Vargas intentó alejarse y le dejó claro que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera profesional. Sin embargo, Cancino continuó intentando besarla.
La denuncia fue revelada por la revista Cambio y ha sido respaldada por testimonios y evidencia como mensajes de texto entre ambos. En respuesta a las acusaciones, Diego Cancino emitió un comunicado en el que expresó su pesar por cualquier ofensa que pudiera haber causado, pero insistió en que no había incurrido en acoso sexual. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación formal sobre los hechos. La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que el caso está siendo manejado por un fiscal especializado en delitos sexuales y basados en género.
La Procuraduría General también ha intervenido en este asunto y ha indicado que verificará si Cancino era un servidor público al momento de los hechos para determinar si corresponde abrir una investigación disciplinaria. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha calificado las acusaciones como “inadmisibles” y ha instado a una respuesta rápida por parte del Gobierno.
Este escándalo no solo afecta a Cancino personalmente sino que también plantea serias preguntas sobre la cultura laboral dentro del Gobierno colombiano y la necesidad urgente de abordar el acoso sexual en todas sus formas. La situación ha resonado especialmente en un contexto donde otros casos similares han salido a la luz recientemente, generando llamados a una mayor regulación y protección para los trabajadores.
La revocación del nombramiento de Cancino es vista como un paso positivo hacia la creación de un entorno laboral más seguro y respetuoso. Sin embargo, muchos activistas y figuras políticas han enfatizado que esto debe ser solo el comienzo de un cambio más amplio en la cultura organizacional dentro del Gobierno colombiano. A medida que avanza la investigación y se recogen más testimonios sobre las acusaciones contra Diego Cancino, queda claro que este caso podría tener repercusiones significativas no solo para su carrera profesional sino también para la administración del presidente Gustavo Petro.
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