La semana pasada, Colombia sorprendió al mundo al anunciar su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF), un acuerdo internacional que busca limitar el uso y la producción de petróleo, gas y carbón para mitigar el cambio climático.
¿Qué implica el tratado y qué beneficios representa para Colombia? En este artículo, intentaré responder a estas preguntas desde una perspectiva optimista y propositiva.
El TNPCF es un tratado que tiene como objetivo principal reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la quema de combustibles fósiles, que son la principal causa del calentamiento global y sus consecuencias negativas para el planeta y la humanidad. El tratado establece que los países firmantes se comprometen a:
- No explorar, desarrollar, extraer, transportar, procesar o consumir nuevos yacimientos o reservas de combustibles fósiles, salvo los que sean necesarios para fines de investigación o transición energética.
- Eliminar gradualmente la producción y el consumo de los combustibles fósiles existentes, de acuerdo con un calendario y unas metas establecidas por el tratado, que se basan en el principio de equidad y responsabilidad común pero diferenciada.
- No financiar, subsidiar, apoyar o promover actividades relacionadas con los combustibles fósiles, tanto dentro como fuera de sus territorios, y desinvertir de las empresas o proyectos que los involucren.
- Cooperar y asistir a otros países firmantes para facilitar la transición hacia fuentes de energía renovables, limpias y sostenibles, así como para adaptarse a los impactos del cambio climático.
El tratado representa un avance significativo en la lucha contra el cambio climático, ya que busca abordar la raíz del problema: la dependencia de los combustibles fósiles. Según el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2021, para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5°C, que es el objetivo del Acuerdo de París de 2015, se requiere reducir las emisiones globales de GEI en un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Esto implica dejar en el subsuelo al menos el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos de los países para reducir sus emisiones han sido insuficientes e inconsistentes, lo que ha llevado a un aumento de la temperatura global de 1.1°C desde la era preindustrial y a la intensificación de fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, incendios, huracanes y olas de calor.
En este contexto, el TNPCF se presenta como una solución radical pero necesaria, que busca acelerar la transición energética y crear un nuevo paradigma de desarrollo sostenible, basado en el respeto a los límites ecológicos del planeta y a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. El tratado también busca generar oportunidades económicas, sociales y ambientales para los países firmantes, tales como:
- La creación de empleos verdes y de calidad en los sectores de las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la agricultura orgánica, la restauración ecológica y la economía circular. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018, la transición hacia una economía baja en carbono podría crear 24 millones de nuevos empleos en el mundo para 2030, compensando con creces los 6 millones de empleos que se perderían por el abandono de los combustibles fósiles. En el caso de Colombia, el país tiene un gran potencial para desarrollar las energías renovables, ya que cuenta con una capacidad instalada de 21.500 megavatios (MW) de energía hidroeléctrica, 1.200 MW de energía eólica, 200 MW de energía solar y 50 MW de energía geotérmica, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) de 2020. Estas fuentes de energía podrían generar miles de empleos directos e indirectos, especialmente para los jóvenes, que son el futuro del país.
- La reducción de los costos de salud y de los daños materiales asociados a la contaminación del aire, el agua y el suelo, y a los desastres naturales provocados por el cambio climático. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2019, el costo de la contaminación del aire en las ciudades de América Latina y el Caribe es de 97.000 millones de dólares al año, equivalente al 1,6% del PIB regional, y el costo de los desastres naturales en la región entre 1972 y 2018 fue de 315.000 millones de dólares, equivalente al 0,5% del PIB regional. En el caso de Colombia, el costo de la contaminación del aire en las ciudades es de 12 billones de pesos al año, equivalente al 1,5% del PIB, y el costo de los desastres naturales en el país entre 1970 y 2016 fue de 23 billones de pesos, equivalente al 0,4% del PIB, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de 2017. Estos costos representan una carga fiscal y social para el Estado, que podría reducirse significativamente al disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y al aumentar la resiliencia frente al cambio climático.
- La diversificación de la matriz energética y la soberanía energética, al reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y aprovechar el potencial de las fuentes de energía locales y renovables. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de 2019, América Latina y el Caribe importaron el 22% de su consumo de petróleo, el 42% de su consumo de gas natural y el 6% de su consumo de carbón en 2018, lo que los hace vulnerables a los choques externos y a las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles fósiles. En el caso de Colombia, el país importó el 16% de su consumo de petróleo, el 32% de su consumo de gas natural y el 2% de su consumo de carbón en 2018, según datos de la UPME de 2020. Estas importaciones representan una salida de divisas y una pérdida de competitividad para el país, que podría revertirse al diversificar la matriz energética y al aprovechar las fuentes de energía locales y renovables, que son más baratas, limpias y abundantes.
- La contribución a la paz y la seguridad, al evitar o resolver conflictos armados o sociales relacionados con el control, el acceso o la distribución de los recursos energéticos. Según un estudio de la Universidad de Uppsala de 2018, el 40% de los conflictos armados internos entre 1950 y 2016 tuvieron una relación directa o indirecta con los recursos naturales, especialmente los combustibles fósiles. En el caso de Colombia, el país ha sufrido durante décadas la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico y la explotación petrolera y minera, que han afectado negativamente la democracia y los derechos humanos. Al adherirse al tratado, Colombia podría avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, al eliminar o reducir las fuentes de financiación y de conflicto de los grupos armados ilegales, y al promover el diálogo y la participación de las comunidades locales en la gestión de los recursos energéticos.
Así entonces, la unión de Colombia al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es una decisión valiente y visionaria, que puede traer beneficios económicos, sociales y ambientales para el país y para el mundo. Al renunciar a los combustibles fósiles, Colombia se suma al pacto mundial contra el cambio climático, y se compromete a construir un desarrollo sostenible, basado en el respeto a la naturaleza y a los derechos humanos. Sin embargo, esta decisión también implica una serie de desafíos y riesgos, que requieren de una voluntad política, una visión estratégica, una participación ciudadana y una coordinación intersectorial e interinstitucional. Por eso, es necesario que el gobierno, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la comunidad internacional trabajen juntos para facilitar la transición energética y la adaptación al cambio climático, y para aprovechar las oportunidades que ofrece el tratado. Solo así, Colombia podrá convertirse en un líder regional y global en la lucha contra el calentamiento global, y en un ejemplo de innovación y transformación para el resto del mundo.
Una nota de cristal de: Alejandro Nieto Loaiza, Administrador de empresas en formación, Director Revista Juventud
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