La Contraloría General de la República ha dado inicio a un exhaustivo proceso de investigación tras detectar presuntas irregularidades en la construcción de viviendas en Mocoa, Putumayo, como parte de los esfuerzos de reconstrucción tras la tragedia que golpeó la región en marzo de 2017. Los contratos en cuestión, valuados en más de $24.315 millones, estaban destinados a la edificación de 909 viviendas para las comunidades afectadas por la avalancha.
De acuerdo con el informe preliminar, se han identificado significativas inconsistencias financieras, con más de $18.566 millones en fondos no ejecutados conforme a lo estipulado en los contratos. Además, se ha señalado una considerable demora en la entrega de viviendas del proyecto Sauces II, lo que podría resultar en un presunto detrimento patrimonial adicional de más de $5.758 millones, debido al retraso en el pago de subsidios a los damnificados.
Los señalados en esta investigación incluyen a exdirectores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, así como otros funcionarios clave en la gestión de estos contratos.
Frente a las acusaciones, el ministro Velasco ha defendido la inviabilidad de la construcción en la zona propuesta, calificándola como una “irresponsabilidad gigantesca” que requiere ser investigada y sancionada de manera rigurosa.
Este proceso de responsabilidad fiscal subraya la importancia de garantizar una gestión transparente y eficiente en la reconstrucción de áreas afectadas por desastres naturales, así como la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de emergencias y la recuperación de comunidades vulnerables.
Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción
