Colombia, una nación imparcial. La situación en la que se encuentra el país sobre el tema del aborto ha sido muy controversial, que a su vez ha conformado bandos como lo son los próvida y los pro aborto, cada uno con un punto de vista muy radical y con fundamentos para que se efectúe lo que plantean, por lo tanto, el congreso o la corte constitucional se encuentran en una situación poco agradable.
Debido a todas las noticias y estadísticas sobre la violación de derechos de las mujeres que se han notado, se me hace lo más óptimo apoyar esta legalidad, ya que si el gobierno pasa de un modelo causal a uno mixto donde se opte por despenalizar el aborto para que las mujeres y personas gestantes no sean criminalizadas, llegar a un acuerdo entre partes donde se pongan en la mesa unas regulaciones y restricciones para efectuar el proceso de aborto.
El modelo de causales que se optó en Colombia el año 2006 por la Corte Constitucional que reglamentó con la sentencia C-355 las tres causas para interrumpir un embarazo: cuando afecte la salud o la vida de la mujer, en casos de violación e incesto o si el feto tiene malformaciones. Hasta el momento, que una mujer se realice un aborto fuera de estas tres causales la expone a someterse a un proceso penal. El camino de la despenalización del aborto en el país comenzó hace 14 años y ahí vamos.
Por otro lado, aparece el modelo de plazos o mixto que han adoptado los países como Uruguay, Argentina y la mayoría de estados de Europa. Generalmente, permiten el aborto voluntario en los primeros meses del embarazo. Supera varias de las barreras que se producen en el modelo de causales, pues las mujeres y demás personas gestantes tienen un acceso más amplio a la interrupción del embarazo y no se condiciona su acceso al cumplimiento de requisitos, al menos en los primeros meses de gestación.
Uno de los movimientos que desde hace tiempo viene en la pelea para que se legalice el aborto, seria causa justa, que reúne a 91 organizaciones y 134 activistas que trabajan por la autonomía reproductiva de todas las mujeres y protegen los derechos de las féminas en el país por ende unos de sus fines es que la corte constitucional elimine el artículo 122 del código penal que habla sobre la criminalización del aborto, también le piden al Estado que facilite el acceso a la atención del aborto en todo el país y que garantice la plena ciudadanía de las mujeres con respecto a su libertad, autonomía y autodeterminación sobre las decisiones que afectan a sus cuerpos y vidas. Que el aborto se trate como un tema de salud pública.
Ya que en el año 2008 se dictaminó, la sentencia T-209, dice que si algún médico rechaza realizar el procedimiento del aborto por su ideología, está en la obligación de enviar a la mujer a otro centro o instancia donde le llevaran a cabo el proceso y no le denegaran su derecho. Pero esta ley no se ha puesto en práctica, así lo dice la Superintendencia Nacional de Salud, que en el transcurso del 2020 reportó 57 quejas de mujeres a las que les negaron el servicio de interrupción del embarazo voluntario.
Según la institución, el 100% de las denuncias fueron tramitadas y solucionadas. Sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el óptimo, pues varias de las EPS tardaron hasta 66 días en solucionar su situación, lo que es perjudicial para las mujeres. Por ende, la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a diferentes EPS e IPS por negar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a mujeres que cumplen con las causales. Hasta el momento se han impuesto sanciones con multas por un total de 629 millones de pesos. Igualmente, hay una investigación de la Mesa por la Vida que mostró que en las facultades de medicina no se está enseñando a los médicos a hacer esos procedimientos, tampoco se enseña el marco legal.
Todo esto conlleva que a que las mujeres busquen otros métodos de abortos como sería el inseguro, el cual lo realizan personas que carecen de la capacidad necesaria o no cumplen con los estándares médicos, esto lo apoya las Cifras de Human Rights Watch que alertaron que entre el 8% y el 11% de las muertes maternas en todo el mundo están asociadas con el aborto y que entre 2010 y 2014, se practicaron 25 millones de abortos inseguros (clandestinos) en el mundo.
Unas de las barreras que aparece en el camino hacia la despenalización del aborto son los próvida ellos dicen que es un ser vivo desde la fecundación, ya que al efectuarse surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro. Esto lo sustentan varios científicos alrededor del mundo, como a su vez el artículo 11 de la constitución: el derecho a la vida es inviolable, acompañado de la sentencia c-133 que habla sobre el derecho a la vida que inicia desde la concepción. Es por ello, que la vida de este nuevo ser humano merece respeto y protección.
Si se da el “derecho al aborto” es equivalente a un “derecho a matar”, esto es unas de las frases que dicen estas personas. Aunque este movimiento plante métodos diferentes donde las mujeres no tenga que abortar sino donde se le proporcionen herramientas que les permitan poder continuar con sus vidas mientras que tienen a su hijo y en caso de que no puedan hacerlo, ayudarlas con un proceso de adopción, esto suena muy lindo en el papel, pero si nos vamos a la cruda realidad hay mujeres que quieren abortar porque no cuenta con una estabilidad económica o mínima para brindarle una buena vida a su hijo, además quien asegura que en las entidades de adopción lleven protocolos rigurosos para una adopción de uno de estos niños y que terminen con una calidad de vida devastadora.
Por tanto, yo veo óptimo que se despenalice el aborto, aunque los próvida tengan fundamentos necesarios para que no sea así, tenemos que ser realistas en el mundo que vivimos y que nada es un cuento de “hadas”, ya que es muy satisfactorio apoyar la vida, pero si no hay recursos para mantenerla no estamos haciendo nada.
La despenalización del aborto y que se plante un modelo mixto en Colombia es el mejor camino que se puede optar en estas instancias en la que nos encontramos, puesto que así se caerán esos muros o barreras de estigma social y desinformación que se tiene sobre todo el conglomerado que rodea el abordo para así efectuar el derecho a la salud que todas las personas poseemos. Se hace un llamado al gobierno colombiano para que tome una decisión definitiva y no se ande con rodeos.
Por: Carlos Andrés Arboleda.
Revista Juventud, Notas De Cristal Para Una Generación En Construcción.
