Artículo 13 de la
constitución: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades …”
Tomando a la justicia colombiana como la manifestación de la
voluntad expresada en el marco de unas leyes y una constitución, podemos
afirmar que la presunta justicia con la que hoy nos encontramos es una que está
sujeta a factores internos que no son regulados ni cuestionados a nivel
popular, ni por los medios tradicionales. Pues encontramos casos que desestiman
la memoria y pasan por encima del poder judicial. Incumplimientos, dilataciones
del proceso, impedimentos, presuntos detrimentos, etc. Estas son algunas de las
“maniobras” que si bien son aparentemente legítimas en un marco jurídico,
tienen la intención de desfigurar la justicia colombiana por unos intereses
individuales. Dentro
de estos casos judiciales se enfrentan dos nociones, libertad y justicia.
Dichas nociones están sujetas a factores tanto aleatorios como manipulables, y
es dicha dualidad la que convierte tanto a la libertad como a la justicia en
meros delirios predispuestos a la coerción.
Casos en los que se presenten estas “maniobras” hay muchos,
y tanto el del expresidente Uribe, como el de Arturo Char, y Andrés Felipe
Arias, no son la excepción. La justicia ha demostrado estar arrodillada a las
lógicas del poder que promueven la destrucción de la ética y el aumento de la
impunidad.
En el caso del expresidente Uribe acusado por soborno de
testigos, e incumplimiento procesal, se nos presenta que el fiscal Andrés
Palencia, quien llevaba su caso, presentó su renuncia a la corte suprema de
justicia. Esto debido a presuntos asuntos con la salud de su familia,
provocando así que el proceso se dilate más. Cabe recalcar que la renuncia del
fiscal se da justo el día en el que se debía radicar ya sea el escrito de
acusación (escrito que sugiere la existencia de un delito por parte del procesado)
o la preclusión (que sugiere la terminación del proceso penal ya que no se
considera que existan argumentos de peso que sostengan la existencia de un
delito). Estas maniobras dilatorias que sugieren una falta de regulación por
parte de la Corte Suprema de Justicia hacen parte de un sistema internamente
fracturado que deja impunes a políticos corruptos…presuntamente, y que incluso
puede llegar a favorecer sus intereses, ya sea dándoles casa por cárcel, o de
pleno la “libertad”.
Otro caso que ocurrió esta semana es la puesta en libertad
del exsenador Arturo Char (acusado principalmente por compra de votos) puesto
en libertad gracias a el Juez penal de Santa Marta, Carlos
Humberto Coy Domínguez. Esto tras aceptar el Habeas Corpus que presentó la
defensa de Char, alegando una ilegitima privación de la libertad. Las razones
que se presentan para la validación del habeas corpus son las de incumplimiento
de términos, ya que se argumenta que pasados 120 días de la detención de Arturo
Char no se había definido su situación jurídica. Lo cual es relativamente
cierto. Pero también se han presentado argumentos que sugieren que durante el
desarrollo del caso de Char se accionaron “estrategias” que entorpecieron el
proceso y dieron lugar a que dicho incumplimiento fuera efectivo, bajo la
tecnicidad del habeas corpus.
La discusión del caso de Arturo Char se dio bajo los argumentos por
parte de diferentes magistrados, como es el caso del magistrado Rueda quien
apela a que durante el proceso judicial la defensa de Arturo Char presentó
múltiples “maniobras” que generaron dilatación. Ejemplo de esto es una petición
realizada por la defensa de Char de revisar presuntas inconsistencias
presentadas durante su caso, para luego retirar dicha petición un mes después,
logrando generar un retraso en el proceso. Frente a acciones como esta, el
magistrado Rueda argumenta que, si bien el habeas corpus se está cumpliendo, no
se estan teniendo en cuenta las acciones por parte de la defensa de Char que
provocaron un atraso en el proceso judicial. Es decir que no se está teniendo
en consideración ese tiempo prolongado innecesariamente. Dejando así un plano
desconcertante sobre la justicia en nuestro país, el cual desvela un manto de
carencias que solo sostiene el papel.
Sobre el juez Carlos Humberto
Coy Domínguez hay que mencionar que presuntamente este no era titular del
despacho que profirió el documento que exigía la libertad de Char. Si bien esto
no influye negativamente en la decisión ya tomada, saca a relucir la falta de
un imperativo ético que permea a el sistema de justicia.
Decir que Arturo Char está libre es una verdad a medias que permitió
este deteriorado poder judicial colombiano ¿Pero hasta qué punto se es
realmente libre en un país donde se puede prostituir a la justicia?
Este panorama de impunidad ha tomado una mayor fuerza histórica debido a
la ayuda del organismo acusatorio, la fiscalía general de la nación. La muestra
actual de esto es el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien a
mediados del año pasado incumplió con gran parte de su trabajo de investigar
las denuncias presentadas y/o se limitó a archivarlas. El fiscal con un 94% de
impunidad ha hecho de este organismo una estructura cuyo accionar ha sido
deformar la justicia colombiana.
Un pueblo incapaz de siquiera reaccionar ante la enajenación de su
sistema judicial es un pueblo incapaz de reconocer en el otro cierto atisbo de
libertad.
Una Nota De Cristal De: Mateo Alejandro Galindo, Administrador de empresas en formación, Codirector Revista Juventud
