El Consejo de Estado ha emitido una decisión trascendental que ha dejado al partido CREEMOS, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una situación de incertidumbre.
El jueves 18 de abril de 2024, el máximo juez de la administración pública anuló la personería jurídica de esta agrupación política.
El partido CREEMOS se convirtió en partido en marzo del 2023, cuando recibió el acto administrativo como partido de oposición. Sin embargo, apenas cinco meses después, la sección quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la resolución del CNE que precisamente le había reconocido la personería jurídica al partido.
La decisión se basó en una demanda presentada ante el Consejo de Estado, en la que se argumentó que la adhesión hecha por CREEMOS a la lista del partido Centro Democrático en las elecciones del Congreso del 2022 no le otorgaba el derecho para constituirse como partido político independiente. Esta perspectiva sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podía otorgar la personería jurídica a CREEMOS, ya que tanto las adhesiones como las coaliciones solo son permitidas para partidos y movimientos políticos con personería jurídica, una condición que el partido de Fico Gutiérrez no ostentaba durante las elecciones mencionadas.
La anulación de la personería jurídica del partido CREEMOS ha generado preocupación y descontento entre sus seguidores. Mientras los opositores políticos de Federico Gutiérrez celebran la anulación de la personería jurídica de CREEMOS como un paso hacia la restauración democrática, sus seguidores cuestionan la imparcialidad del proceso.
Es importante destacar que, al igual que sucedió con el caso de Fuerza Ciudadana, los efectos de la sentencia del Consejo de Estado se aplican hacia el futuro. Esto significa que las situaciones consolidadas de los elegidos por CREEMOS seguirán en sus cargos con normalidad, al menos por el momento.
La historia de CREEMOS es una de rápido ascenso y luego, igual de rápido, de caída. La anulación de su personería jurídica marca un hito en la política colombiana y abre un debate sobre las reglas que rigen la formación y reconocimiento de los partidos políticos en el país.
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