El 29 de junio de 2025, el diario El País de España sacudió el tablero político colombiano con una revelación que, de confirmarse, marcaría uno de los episodios más graves de conspiración institucional en la historia reciente del país. En una serie de audios filtrados, el excanciller Álvaro Leyva Durán expone con crudeza lo que sería un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro antes de las elecciones de 2026. La trama, que involucra actores nacionales e internacionales, ha sido calificada por el propio mandatario como un intento de “golpe blando”.
En las grabaciones, Leyva no solo expresa su deseo de “sacar” a Petro del poder, sino que detalla una estrategia que incluiría un “gran acuerdo nacional” con participación de actores armados como el ELN y el Clan del Golfo, así como figuras políticas y mediáticas. Menciona nombres como la periodista Vicky Dávila y el senador Miguel Uribe Turbay como posibles interlocutores válidos para legitimar el proceso. La crudeza de sus palabras no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: “Ese tipo presidiendo las elecciones… este país va al despeñadero”.
Pero lo más inquietante no es solo el contenido de los audios, sino el contexto en el que se habrían producido. Según El País, Leyva viajó en abril a Estados Unidos y sostuvo reuniones con asesores cercanos al expresidente Donald Trump, entre ellos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart. El objetivo: conseguir respaldo internacional para presionar la salida de Petro y posicionar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez. En uno de los audios, incluso se sugiere una comunicación directa entre Leyva y Márquez, lo que ha levantado sospechas sobre su posible conocimiento o participación en la trama.
La reacción del gobierno fue inmediata. Petro calificó a Leyva de “canalla” y anunció una denuncia penal por conspiración y sedición. La canciller Laura Sarabia lo tildó de “ruin y miserable”, mientras que figuras como Gustavo Bolívar y María José Pizarro exigieron a la Fiscalía actuar con celeridad. Incluso desde sectores de oposición, como el expresidente Álvaro Uribe y el senador Humberto de la Calle, se alzaron voces en defensa de la institucionalidad democrática.
El escándalo ha generado un debate profundo sobre los límites del disenso político y la fragilidad de la democracia colombiana. ¿Hasta qué punto puede un exfuncionario de alto nivel, con acceso a información sensible y redes de poder, operar en las sombras para desestabilizar un gobierno legítimamente elegido? ¿Es esto una expresión de desesperación política o una amenaza real a la soberanía nacional?
Aunque Leyva no ha emitido declaraciones públicas tras la publicación de los audios, su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita. Mientras tanto, la justicia deberá determinar si se trató de una conspiración real o de una fantasía delirante de un político en declive. Lo cierto es que el país ha sido testigo de una revelación que, más allá de sus consecuencias jurídicas, deja al descubierto las tensiones profundas que atraviesan el poder en Colombia.
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