La situación política en Santa Marta, la tercera ciudad más poblada de la costa Caribe en Colombia, es un verdadero lío. Después de que el escrutinio oficial diera una mínima ventaja de 282 votos al candidato Jorge Agudelo sobre Carlos Pinedo.
Por un lado, tenemos a Jorge Agudelo, un candidato que se inscribió a última hora gracias a una tutela que le concedió un juez. Sin embargo, ese fallo fue revocado por otro juez, lo que llevó a la comisión escrutadora a excluir los 85,504 votos que obtuvo Agudelo, dejando a Pinedo como el ganador con 85,222 votos. Pinedo, un candidato que se beneficiaría de la exclusión de Agudelo, pero que no tiene el respaldo mayoritario de los samarios. Ambos representan proyectos políticos opuestos: Agudelo es el heredero de la izquierda que ha gobernado la ciudad en los últimos años, mientras que Pinedo es el abanderado de la derecha que busca recuperar el poder.
Ante este panorama se genera el cuestionamiento de que: ¿Hasta donde llegan las garantías de los ciudadanos de que sus votos sean respetados? Estas son algunas de las cuestiones que deberían preocupar a los samarios y a todos los colombianos, más allá de las preferencias partidistas o ideológicas. Lo que está en juego es la legitimidad del sistema electoral y la confianza en las instituciones.
Lo cierto es que este caso evidencia la falta de garantías electorales y la injerencia de la justicia en los asuntos políticos. También muestra la polarización y el descontento social que se vive en el país, donde las elecciones se definen por márgenes mínimos y por recursos legales. Santa Marta merece una solución pronta y transparente, que respete la voluntad popular y la institucionalidad democrática.
