Por un lado, los partidarios del glifosato sostienen que es una herramienta eficaz y segura para controlar las malas hierbas y aumentar la productividad agrícola. Basándose en un informe regulatorio que afirma que el nivel de riesgo no justifica una prohibición. ya que no se encontraron riesgos significativos para la salud humana ni para el medio ambiente. Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por varios sectores de la sociedad, que cuestionan la fiabilidad de las evaluaciones científicas y reclaman el principio de precaución.
Según el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el glifosato no presenta áreas críticas de preocupación y no se puede clasificar como cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción. Esta conclusión contrasta con la de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS, que en 2015 lo consideró “probablemente cancerígeno” para los humanos, basándose en estudios epidemiológicos y experimentales. La propuesta de la Comisión Europea incluye algunas medidas para mitigar los riesgos del glifosato, como limitar su uso en áreas sensibles, proteger las aguas subterráneas y superficiales, y reducir la exposición de los pequeños mamíferos. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para garantizar la seguridad de este herbicida, que puede tener efectos indirectos en el ecosistema, como la pérdida de biodiversidad, la resistencia de las malas hierbas y la contaminación de los alimentos.
Además, existen dudas sobre la transparencia y la independencia de los organismos que han evaluado el glifosato, ya que se han basado en gran medida en estudios proporcionados por la industria.
El glifosato no es imprescindible para garantizar la producción agrícola, ya que existen alternativas más seguras y eficaces. La UE tiene la oportunidad de liderar una transición hacia un modelo agrario más ecológico y socialmente justo, y no debe desaprovecharla por intereses económicos o políticos.
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