la Comisión Séptima del Senado de Colombia tomó una decisión que resonará en la historia de la salud pública del país. Con nueve votos a favor y cinco en contra, se archivó la reforma de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta reforma tenía un objetivo ambicioso: democratizar el acceso a la salud, actualmente gestionado por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) privadas.
La sesión en la Comisión Séptima, controlada por la oposición, rechazó nueve impedimentos por conflicto de intereses presentados por legisladores de la coalición gobernante, Pacto Histórico. El senador oficialista Wilson Arias señaló que los partidos representados en la Comisión recibieron financiamiento de empresas relacionadas con el sector sanitario, como Keralty, propietaria de Sanitas, la cual fue intervenida por el Ejecutivo. Además, Arias denunció financiamiento ilegal por parte de la constructora brasileña Odebrecht a parlamentarios, aunque esto no esté directamente relacionado con las EPS. A pesar de estas revelaciones, resaltó que las EPS tienen regulaciones especiales que prohíben este tipo de financiamiento.
El rechazo en el Senado significa que la reforma de salud no podrá ser presentada nuevamente durante el actual período legislativo, que finaliza en 2026. Esto limita las opciones de Petro, quien ha advertido sobre las consecuencias de no aprobar la reforma debido a la insostenibilidad del sistema de salud actual. Sin embargo, Petro sugiere que en caso de realizarse una Asamblea Nacional Constituyente, el derecho a la salud estaría garantizado junto con otros derechos fundamentales como la educación, las pensiones universales y el acceso al agua potable.
Independientemente del destino de la reforma, el gobierno implementará medidas para mejorar el sistema de salud. Se permitirá que los pacientes elijan a sus médicos libremente, y se colaborará con alcaldes y gobernadores para establecer redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales. Además, se asegura que no habrá despidos masivos de trabajadores de las EPS intervenidas y que todas las EPS que cumplan los requisitos continuarán operando.
El Gobierno de Petro busca reformar estructuralmente el sistema de salud colombiano, aumentando el control estatal sobre los fondos y la prestación de servicios de salud. La propuesta incluye limitar a las EPS la administración de fondos públicos y ampliar el sistema público para hacerlo universal en todo el país, con énfasis en áreas remotas donde la oferta de servicios es escasa.
La decisión de archivar la reforma de salud en Colombia tiene implicaciones significativas para la población más vulnerable. Aunque la reforma tenía como objetivo democratizar el acceso a la salud, su rechazo limita las opciones para mejorar el sistema actual. Aquí algunas consideraciones:
- Acceso a la atención médica: Sin una reforma, las personas de bajos recursos pueden seguir enfrentando barreras para acceder a servicios médicos. Las EPS privadas a menudo priorizan la rentabilidad, lo que puede afectar la disponibilidad y calidad de la atención para los más necesitados.
- Equidad: La reforma buscaba reducir las desigualdades en el acceso a la salud. Sin ella, persisten las brechas entre quienes pueden pagar servicios privados y quienes dependen del sistema público. Los más vulnerables pueden quedar excluidos.
- Sostenibilidad: El sistema actual es insostenible. Sin cambios estructurales, los recursos pueden seguir siendo mal administrados, afectando a quienes más lo necesitan. La población vulnerable podría sufrir más si no se abordan los problemas de fondo.
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