El caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha dado un giro crucial tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir como pruebas las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Estas grabaciones, obtenidas inicialmente por error mientras se investigaba al congresista Nilton Córdoba, serán utilizadas en el juicio oral que comenzará el jueves 6 de febrero de 2025.
Uribe enfrenta cargos por fraude procesal y soborno a testigos, delitos que presuntamente incluyen la manipulación de declaraciones para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien es parte civil en el caso.
La defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, ha intentado excluir estas interceptaciones argumentando que vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente y que fueron obtenidas sin justificación válida. Sin embargo, el magistrado Manuel Antonio Merchán determinó que estas pruebas son legales y necesarias para esclarecer los hechos. Merchán también enfatizó que el secreto profesional no puede proteger actividades ilícitas, como las supuestas visitas de Cadena a cárceles para obtener testimonios favorables a Uribe.
Además, el tribunal ha incluido conversaciones entre Álvaro Hernán Prada y alias Caliche, relacionadas con la presunta manipulación de testigos, lo que amplía la base probatoria contra el exmandatario. La defensa ha solicitado más tiempo para preparar su estrategia ante la complejidad del material admitido, pero esta petición fue rechazada.
Uribe reaccionó públicamente calificando las decisiones judiciales como un “montaje” en su contra. En un video reciente, criticó la admisión de las pruebas y negó cualquier vínculo con Nilton Córdoba o actividades ilícitas. Asimismo, insistió en que las grabaciones fueron filtradas irregularmente y cuestionó la imparcialidad del proceso.
Este juicio marca un momento clave en un caso que se remonta a más de una década y que ha tenido implicaciones políticas significativas en Colombia. La Fiscalía y la defensa se enfrentarán en Paloquemao para debatir las pruebas y determinar si Uribe incurrió en los delitos imputados.
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