Ángela María Buitrago es una abogada penalista que ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito de la justicia y los derechos humanos en Colombia. Durante su tiempo en la fiscalía general del país, ocupó el cargo de fiscal adjunta ante la Corte Suprema de Justicia. Durante este período, abordó asuntos cruciales como el incidente en el Palacio de Justicia, donde llevó a cabo investigaciones y presentó acusaciones contra los líderes militares Jesús Armando Arias e Iván Ramírez, junto con el coronel Alfonso Plazas Vega. Estos cargos se basaron en alegaciones de su posible participación en la desaparición de 11 individuos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Militares en 1985.
Buitrago es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho Penal y Doctora en Derecho y en Sociología de esta misma Universidad. Es Docente de pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia en Derecho Penal. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. Actualmente se desempeña como abogada litigante y como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Además del caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985, Ángela María Buitrago lideró la investigación contra el ex director del DAS Jorge Noguera. La Fiscal Buitrago formuló cargos contra el ex director del DAS, Noguera, quien había sido previamente liberado. La Corte Suprema de Justicia confirmó cinco cargos, incluido el homicidio agravado de defensores de derechos humanos como Correa D’Andreis, Codina y Pisciotti Van Strahlen, asesinados por denunciar vínculos entre paramilitares y funcionarios públicos. La Corte respaldó la acusación de que Noguera, en su papel en el DAS, presuntamente utilizó la inteligencia estatal, incluido el G3, para espiar e intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, compartiendo información con grupos paramilitares.
Acusó al hermano del ministro Valencia Cossio de seis delitos. Según la Fiscalía, Valencia Cossio habría proporcionado información a John Manco Torres, alias “El indio”, a través del empresario Juan Felipe Sierra, ayudándolo a salir de la estructura criminal de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ vinculada a la Fiscalía. Buitrago llevó el caso a la Corte Suprema. Buitrago denunció los privilegios de Valencia Cossio en prisión, donde usaba vehículos del Ministerio de su hermano para salir libremente.
Su nombre ha sido propuesto por el presidente Gustavo Petro como parte de la terna para elegir al próximo fiscal general de la nación, junto con las abogadas Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Su candidatura ha sido respaldada por diversos sectores sociales y políticos que ven en ella una garantía de independencia, rigor y compromiso con la verdad y la justicia.
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