La Corte Constitucional de Colombia ha admitido una nueva demanda contra la reforma pensional, presentada por el senador Miguel Uribe Turbay del partido Centro Democrático. Esta acción legal, identificada como expediente D-16142, fue admitida el 25 de octubre de 2024 y se centra en la supuesta vulneración del principio de consecutividad en el trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024, que establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.
Motivos de la Demanda
Miguel Uribe argumenta que durante el proceso legislativo, la Plenaria de la Cámara de Representantes no cumplió adecuadamente con su deber de debatir y votar sobre los textos propuestos. Según él, se justificó la aceptación del texto aprobado por el Senado con la excusa de la falta de tiempo, a pesar de que aún quedaban seis días para el cierre de la legislatura. Uribe sostiene que la Ley 5 de 1992 permite que el Congreso sesione todos los días de la semana, lo que significa que había tiempo suficiente para discutir y aprobar la reforma sin delegar competencias en el Senado.
Además, Uribe señala que los cambios realizados en 24 artículos respecto al texto original aprobado por el Senado no fueron discutidos adecuadamente. La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera rechazó parte de la demanda relacionada con la vulneración del derecho a la propiedad privada, argumentando que no había pruebas suficientes para demostrar que las medidas constituyen una expropiación de facto.
La Corte ha decidido investigar más a fondo el cargo relacionado con el incumplimiento del principio de consecutividad. Para ello, ha ordenado la recolección de pruebas, incluyendo copias de las gacetas y actas del debate en el Congreso sobre el proyecto de ley. También se solicitó un informe detallado sobre los tiempos y procedimientos en los cuales se aprobaron los textos en cada etapa legislativa. La intervención de varias instituciones, como la Procuraduría General de la Nación y organizaciones académicas y sociales, también será solicitada para aportar conceptos técnicos al análisis.
Esta demanda se suma a un total de 42 acciones legales presentadas contra la reforma pensional desde su aprobación. Entre ellas, destaca una demanda anterior presentada por la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, quien cuestionó aspectos similares relacionados con el proceso legislativo y su alineación con los principios constitucionales.
La reforma pensional ha sido uno de los proyectos más significativos del gobierno del presidente Gustavo Petro, considerado un avance social importante. Sin embargo, su implementación ha enfrentado una fuerte oposición y críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales. La decisión final sobre estas demandas podría tener repercusiones significativas en el sistema pensional colombiano y en las políticas sociales del país.
A medida que avanza este proceso judicial, tanto los ciudadanos como los legisladores permanecen atentos a las decisiones que tomará la Corte Constitucional respecto a esta reforma fundamental.
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