El pasado viernes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que limita el acceso de armas y municiones a los civiles y a los cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas. Con esta medida, se busca revertir la política pro armas de su antecesor, Jair Bolsonaro, y reducir la violencia y el armamento irresponsable en el país.
Según el decreto, cada persona podrá tener como máximo dos armas de fuego y 50 cartuchos por año, y deberá demostrar la “necesidad efectiva” para poseerlas. Además, se prohíbe a los civiles el uso de pistolas 9 mm, que quedarán reservadas para las fuerzas de seguridad y el ejército. El control de las armas y municiones pasará de las fuerzas armadas a la Policía Federal, que podrá confiscar las armas no permitidas por la nueva normativa. Lula recordó que esta medida era un compromiso de su campaña electoral y que retoma la campaña de desarme que impulsó en su primer mandato, cuando miles de ciudadanos devolvieron sus armas voluntariamente.
“Quienes tienen que estar armados son la Policía y las Fuerzas Armadas brasileñas”, afirmó el mandatario. Durante el gobierno de Bolsonaro, el número de armas en manos de civiles se triplicó, llegando a casi 3 millones, según datos del Instituto Sou da Paz.
Lula recordó que esta medida era un compromiso de su campaña electoral y que retoma la “campaña de desarme” que impulsó en su primer mandato.
Según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, el número de armas en manos de particulares creció un 241% durante el gobierno de Bolsonaro.
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