El incentivo de almacenamiento de arroz es un mecanismo que busca apoyar a los productores de arroz en Colombia cuando hay excedentes de producción y los precios tienden a caer. Consiste en almacenar el excedente de arroz en bodegas certificadas, con el fin de regular la oferta y evitar el desplome en el mercado. Sin embargo, este incentivo ha sido cuestionado por algunos sectores que lo consideran una distorsión y un subsidio injustificado.
La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, quien ha expresado la intención de buscar mecanismos para que el sector arrocero crezca con inversiones productivas y con fomento que permita que los arroceros tengan infraestructura propia para que sean ellos mismos los que lo almacenen.
Según datos del Ministerio de Agricultura, el incentivo al almacenamiento de arroz para el segundo semestre de 2021 fue de $50.000 millones, lo que representa un costo fiscal significativo para el Estado. Además, este incentivo puede generar incentivos perversos para los productores, que pueden sembrar más de lo necesario para luego recibir el apoyo, lo que a su vez aumenta los excedentes y los costos de almacenamiento. Así lo afirmó la propia ministra Mojica en una entrevista con W Radio, donde aseguró que hay una siembra indiscriminada de arroz para luego pedir incentivos.
Por otro lado, la eliminación del incentivo de almacenamiento podría tener efectos negativos para los productores y los consumidores. Para los productores, porque se verían obligados a vender su cosecha a precios muy bajos o incluso a pérdida, lo que afectaría su rentabilidad y su sostenibilidad. Para los consumidores, porque se podría generar una escasez de arroz en el mercado interno, lo que elevaría los precios y afectaría el acceso al alimento básico.
Ante este dilema, la ministra Mojica ha planteado una propuesta alternativa que busca fortalecer la cadena productiva del arroz y reducir la dependencia del incentivo de almacenamiento. Según ella, se trata de impulsar inversiones productivas y fomentar la asociatividad entre los productores para que puedan tener su propia infraestructura de molino, secadora y almacenamiento. De esta forma, podrían agregar valor a su producto, mejorar su competitividad y tener mayor autonomía frente a las fluctuaciones del mercado.
Esta propuesta tiene ventajas potenciales, como el aumento de la productividad, la calidad y la diversificación del arroz colombiano, así como la generación de empleo y desarrollo rural. Sin embargo, también implica desafíos importantes, como el acceso al crédito, la capacitación técnica, la articulación entre los actores de la cadena y la adaptación a las condiciones climáticas y ambientales.
Hasta el momento se espera que la ministra se reúna con la Junta Directiva de Fedearroz, para discutir este tema a profundidad, ya que una de las principales preocupaciones que tiene la junta directiva es la inestabilidad laboral que se podría sufrir en 216 municipios, y en general podría afectar la inversión al sector agrícola, un sector históricamente olvidado.
En conclusión, el incentivo de almacenamiento es un mecanismo que ha cumplido una función importante para el sector arrocero colombiano, pero que también tiene limitaciones y efectos no deseados. Por ello, se requiere una transición hacia un modelo más eficiente y sostenible, que involucre tanto al Estado como a los productores y demás agentes del mercado. La propuesta de la ministra Mojica es un paso en esa dirección, pero debe ser acompañada de medidas complementarias que garanticen su viabilidad y su impacto positivo.
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