Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, ha sido sentenciada a cinco años y tres meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. La condena se deriva de su participación en actos vandálicos contra una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de noviembre de 2019.
Inicialmente, en marzo de 2020, un juzgado penal especializado de Bogotá la sentenció a tres años y medio de prisión por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al servicio de transporte público. Sin embargo, debido a que no contaba con antecedentes penales, se le concedió la libertad condicional. La Fiscalía apeló esta decisión, buscando una pena más severa y la inclusión del delito de instigación a delinquir con fines terroristas.
En agosto de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso y aumentó la pena a cinco años y tres meses de prisión, incluyendo el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. Además, se le impuso una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilitación para ejercer como influenciadora o youtuber durante el mismo periodo de la condena. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025.
La captura de Barrera se llevó a cabo el 27 de enero de 2025 por agentes del CTI de la Fiscalía, quienes la abordaron en una de sus peluquerías en Bogotá. Tras la presencia de las autoridades, la influencer se expreso mediante redes sociales minutos antes de su detención.
Se espera que sea recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumplirá su condena hasta abril de 2030, salvo que acceda a beneficios de reducción de pena.
A pesar de las solicitudes de su defensa, Barrera no pudo acceder a la medida de detención domiciliaria, ya que la legislación colombiana establece que los condenados por instigación a delinquir con fines terroristas no pueden beneficiarse de casa por cárcel. Adicionalmente, la pena impuesta supera los cuatro años de prisión, lo que, según el Código Penal colombiano, impide la concesión de este beneficio.
La defensa de Barrera argumentó que ella no representaba un peligro para la sociedad y destacó sus esfuerzos por reparar el daño causado, incluyendo disculpas públicas y propuestas de compensación económica. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que la gravedad de sus acciones y su influencia en las redes sociales justificaban una pena privativa de la libertad.
La condena de Epa Colombia también ha tenido repercusiones en su vida profesional. La inhabilitación para ejercer como influenciadora afecta significativamente su presencia y capacidad de ingresos en redes sociales, donde había construido una carrera y una marca personal. Además, sus emprendimientos, como sus peluquerías y línea de productos capilares, podrían verse afectados por su ausencia y la percepción pública tras la condena.
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