El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado una decisión crucial en su política de transparencia y lucha contra la corrupción al solicitar formalmente el levantamiento del velo corporativo de los gestores farmacéuticos en Colombia. Esta iniciativa, anunciada durante un Consejo de Ministros, busca desentrañar las estructuras financieras y operativas de estas empresas para identificar a sus beneficiarios finales y asegurar que cumplan con las normativas vigentes.
El “velo corporativo” es una figura jurídica que permite a las empresas proteger la identidad de sus accionistas, lo que, en muchos casos, ha facilitado la opacidad en sectores clave como el farmacéutico. Petro ha enfatizado la necesidad de conocer quiénes son los verdaderos dueños de empresas como Audifarma, señalando que esta información es fundamental para evitar prácticas monopolísticas y garantizar una competencia justa en el mercado.
El presidente Petro criticó duramente la concentración del poder en el sector farmacéutico, argumentando que la creación de gestores farmacéuticos durante el gobierno de Iván Duque derivó en un oligopolio que ha manipulado los precios de los medicamentos. Este oligopolio, según Petro, ha perjudicado a los consumidores al generar precios elevados y limitar el acceso a medicamentos esenciales. Además, la opacidad en la estructura financiera de estas empresas ha facilitado la evasión fiscal, generando pérdidas significativas para el Estado.
Escándalos anteriores, como el de Saludcoop, han evidenciado la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos destinados a la salud. La medida del levantamiento del velo corporativo permitirá al gobierno supervisar con mayor eficacia las operaciones de las farmacéuticas, asegurando que no se utilicen estructuras opacas para evadir responsabilidades fiscales o legales. Se espera que esta iniciativa reduzca los precios de los medicamentos y mejore la calidad del servicio, beneficiando directamente a los pacientes.
Las empresas deberán ajustarse a las normativas de transparencia y rendición de cuentas, lo que implica una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, la iniciativa ha generado reacciones encontradas.
Por un lado, algunos gremios farmacéuticos han expresado preocupación, argumentando que la medida podría generar incertidumbre y afectar negativamente la inversión en el sector. Por otro lado, entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio han respaldado la iniciativa, destacando su importancia para garantizar una competencia justa y proteger los derechos de los consumidores.
Petro ha sido claro en su postura de no asumir las deudas de las EPS con hospitales y clínicas, señalando que estas entidades deben responder con sus propios recursos y, en caso de no poder hacerlo, ser liquidadas según la ley. El presidente también ha denunciado que algunas EPS han promovido campañas en contra de la reforma de salud propuesta por su gobierno, en lugar de aceptar el acuerdo para transformarse en gestores de salud en lugar de intermediarias financieras. Esta resistencia ha llevado al jefe de Estado a afirmar que se han enfrentado a una “puñalada trapera” por parte de estos grupos, quienes han optado por la confrontación mediática en lugar de la colaboración.
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