La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso histórico en la búsqueda de la verdad y la justicia por los crímenes de falsos positivos en Colombia. Al imputar a 35 militares, entre ellos cuatro generales, por su presunta participación en 200 asesinatos de civiles, presentados como bajas en combate.
la JEP ha demostrado su compromiso con las víctimas y la sociedad colombiana. Estas imputaciones son el resultado de una investigación rigurosa y exhaustiva, que ha abarcado casos ocurridos entre 2005 y 2008 en la región de Huila, donde unidades militares específicas cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y tentativas de homicidio.
La JEP ha ido más allá que la justicia ordinaria en la persecución de estos casos, al identificar a los responsables máximos, tanto directos como indirectos, de estos crímenes. Los generales imputados, entre ellos el excomandante del Ejército Jaime Lasprilla Villamizar, fueron señalados como los que transmitieron la percepción de permitir operaciones irregulares para cometer homicidios de civiles y simular combates.
La JEP también ha evidenciado la existencia de una falla sistémica en las instituciones, tanto militares como civiles, encargadas de la protección de la población en Huila, que no ejercieron los mecanismos de control adecuados ni adoptaron medidas correctivas oportunas.
Estas imputaciones son un avance significativo para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas de los falsos positivos, que han esperado por años el reconocimiento de su dignidad y sus derechos.
La JEP ha actuado con objetividad e imparcialidad, basándose en las pruebas recabadas y en el marco jurídico establecido por el Acuerdo de Paz. La JEP ha cumplido con su mandato de ofrecer una justicia transicional que contribuya a la reconciliación nacional y a la no repetición de estos hechos atroces.
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