El desmantelamiento de una red de explotación sexual desde Medellín, manejada por un integrante de la Policía Nacional y un uniformado retirado que llevaba a mujeres colombianas a Francia con mentiras para luego ser prostituidas.
La trata de personas es un delito que afecta a miles de mujeres en el mundo, que son engañadas con falsas promesas de trabajo y sometidas a condiciones de esclavitud y violencia. En Colombia, recientemente se desarticuló una banda que se dedicaba a captar mujeres en Medellín y enviarlas a Europa, donde eran obligadas a ejercer la prostitución.
Según la Fiscalía General de la Nación, los responsables de esta red eran un intendente de la Policía, Carlos Augusto Fernández Raigoza, un subintendente en retiro, Álvaro Hernández Pérez, y un civil, Diego Armando Cárdenas Gaitán. Estos sujetos contactaban a las víctimas con el supuesto de que trabajarían en Francia como modelos webcam y recibirían un sueldo fijo de 20 millones de pesos colombianos. Como requisito para viajar les pedían grabarse en video o tomarse fotografías en ropa interior, las cuales servían para que los delincuentes en territorio europeo aprobaran la operación.
Una vez en Francia, las mujeres eran recibidas por otros dos miembros de la banda, Georges Kalliterakis, un ciudadano griego conocido como ‘León’, y el patrullero en retiro Jorge Jhovan Restrepo Lemus. Estos individuos les quitaban los pasaportes y las amenazaban con hacerles daño a ellas o a sus familias si no se prostituían. Las mujeres eran explotadas sexualmente en diferentes ciudades francesas y debían pagar una deuda que nunca dejaba de crecer por concepto de transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos.
La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, concierto para delinquir y estímulo a la prostitución. Los implicados podrían enfrentar penas de hasta 23 años de prisión.
Este caso evidencia la gravedad del problema de la trata de personas en el mundo, que afecta especialmente a las mujeres más vulnerables y desprotegidas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 71% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas, y el 51% son explotadas sexualmente. Además, se estima que el 49% de las víctimas son trasladadas fuera de sus países de origen.
La trata de personas es una violación flagrante de los derechos humanos y una forma moderna de esclavitud. Es necesario que los Estados fortalezcan sus mecanismos de prevención, protección y persecución de este delito, así como que se sensibilice a la población sobre los riesgos y las consecuencias de este fenómeno. También es importante que se brinde apoyo integral a las víctimas para que puedan recuperarse y reintegrarse a la sociedad.
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