La agresiva reforma laboral de Javier Milei en Argentina, es la máxima expresión del neoliberalismo ortodoxo del siglo XXI, dejando por fuera décadas de conquistas laborales producto de la lucha sindical y del movimiento obrero, la reforma laboral de Milei es un retroceso al siglo XIX, vulnerando totalmente los derechos del trabajador. La reforma de Milei propone un cambio de paradigma: pasar del modelo de “protección del trabajador” al modelo de “libertad de mercado”. Experimento político que solo beneficia al sector empresarial y va en detrimento de la calidad de vida de la clase trabajadora. Es muy preocupante saber que Milei, es un referente a seguir para los candidatos y candidatas de derecha a la presidencia de la republica en Colombia. En las siguientes líneas, se intentará realizar un análisis critico de la agresiva reforma laboral de Milei que lesiona los derechos de los trabajadores.
El argumento oficial es seductor por su simplicidad: las leyes laborales actuales son “mochilas de plomo” que impiden la contratación. Sin embargo, al desglosar la letra chica, surge una pregunta incómoda: ¿estamos ante una modernización necesaria o ante una regresión hacia la vulnerabilidad absoluta del trabajador?
Uno de los pilares de la reforma es la modificación del régimen de indemnizaciones y la eliminación de las multas por falta de registro. El gobierno argumenta que el miedo a los litigios paraliza a las PYMES. Según Milei, “la industria del juicio es el cáncer que impide que las empresas crezcan”.
Desde una perspectiva técnica, la implementación del Fondo de Cese Laboral cambia radicalmente la lógica del despido. En este sistema, el trabajador financia, en parte, su propia salida mediante aportes mensuales.
“La eliminación de las multas por empleo no registrado no incentiva la formalización; por el contrario, reduce el costo de la ilegalidad. Si el castigo por no registrar a un trabajador desaparece, el incentivo económico para cumplir la ley se debilita drásticamente”, sostienen especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Esta medida podría generar un efecto paradójico. En lugar de crear empleo genuino, podría simplemente legalizar la precariedad preexistente, quitándole al trabajador la única herramienta de presión que tenía frente a la informalidad.
Quizás el punto más polémico es la creación de la figura del trabajador independiente con colaboradores. Bajo este esquema, un trabajador autónomo puede contratar hasta cinco “colaboradores” para un emprendimiento productivo, sin que exista una relación de dependencia formal.
Este cambio ataca directamente el principio de primacía de la realidad, un concepto fundamental del derecho laboral internacional.
El riesgo: Las empresas podrían fragmentar su estructura legal para que sus empleados pasen a ser “colaboradores”, perdiendo derechos básicos como vacaciones pagas, licencias por enfermedad y protección contra el despido arbitrario.
La realidad del mercado: En una economía con un 45% de informalidad, esta figura corre el riesgo de convertirse en un “caballo de Troya” para el fraude laboral institucionalizado.
La reforma extiende el período de prueba de los actuales 3 meses a 6 meses (e incluso hasta un año en empresas más pequeñas). El discurso oficial sostiene que esto da “aire” al empleador para conocer al trabajador. No obstante, en la práctica, esto convierte al empleo en un estado de transitoriedad permanente.
Seis meses es tiempo suficiente para cubrir picos estacionales de producción sin asumir responsabilidades de largo plazo. Esto podría fomentar una cultura de “trabajadores descartables”, donde las empresas rotan personal cada semestre para evitar la acumulación de antigüedad y derechos indemnizatorios.
La reforma también busca limitar el poder de los sindicatos al declarar una vasta cantidad de actividades como “servicios esenciales” o “de importancia trascendental” (incluyendo educación, transporte y logística). Esto obliga a mantener guardias mínimas del 50% al 75% durante las medidas de fuerza.
Si bien es cierto que los paros sistemáticos afectan la productividad, el derecho a la huelga es un derecho constitucional. Al elevar el piso de servicios mínimos a niveles tan altos, el ejercicio del reclamo se vuelve simbólico e ineficaz. Aquí vemos una clara intención política: debilitar al actor sindical como contrapeso al poder corporativo.
La teoría liberal clásica que abraza el actual gobierno sugiere que, al bajar los costos de transacción (en este caso, el salario indirecto y el costo de despido), la demanda de trabajo aumentará automáticamente. Sin embargo, la historia económica argentina y regional muestra que el empleo no se crea por decreto ni por flexibilidad, sino por demanda agregada.
Si el consumo interno está deprimido por la caída del salario real y la recesión, por más barato que sea contratar o despedir, las empresas no ampliarán sus nóminas si no tienen a quién venderle sus productos.
La reforma de Milei propone un cambio de paradigma: pasar del modelo de “protección del trabajador” al modelo de “libertad de mercado”. El problema es que en el mercado laboral, la libertad no se reparte por igual. Sin la intervención del Estado para equilibrar la balanza, el trabajador queda a merced de las fluctuaciones de un capital que, por naturaleza, busca maximizar beneficios reduciendo costos.
El peligro inminente es la consolidación de una sociedad dual: un pequeño sector de trabajadores hiper-especializados con buenos salarios, y una enorme masa de “colaboradores” y “autónomos” sumidos en la inestabilidad.
Si el éxito de una reforma se mide solo por la reducción del déficit empresarial, quizás Milei lo logre. Pero si se mide por el bienestar social y la calidad del empleo, Argentina está caminando por un filo muy delgado. La historia nos enseña que cuando se tensa demasiado la cuerda social en nombre de la eficiencia económica, la cuerda termina por romperse.
Una nota de cristal de: Holbein Giraldo Paredes. Docente investigador. Universidad del Valle seccional Palmira y Universidad Libre seccional Cali.
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