Durante años, Buenaventura en el Valle del Cauca ha sido señalado como uno de los lugares más peligrosos de Colombia. La importancia del puerto para los grupos delincuenciales ha llevado al Gobierno nacional a buscar la recuperación de la zona, donde operan las pandillas de Shottas y Espartanos.
Para buscar la paz en este distrito, se estableció un acuerdo de “no agresión” entre estos grupos, que estuvo vigente desde el 18 de julio. Sin embargo, tras el retiro de miembros de estas pandillas de las mesas de diálogo con el Gobierno en marzo, se temía por el fin de la tranquilidad en el puerto.
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara y jefe de la delegación del Gobierno en las mesas de diálogo con estos grupos, confirmó el 5 de mayo que el acuerdo entre Shottas y Espartanos sería extendido. “El proceso de paz en Buenaventura continuará, la tregua continuará”, afirmó Ocampo.
La presencia del comisionado de paz en Buenaventura, junto con garantes como el padre Francisco de Roux y el embajador de la Unión Europea Gilles Bertrand, tiene como objetivo asegurar que el acuerdo entre Shottas y Espartanos, en el que se comprometen a no asesinar ni desaparecer miembros del otro bando, se mantenga.
Las autoridades en Buenaventura habían tomado medidas de seguridad debido a las dudas sobre la extensión del acuerdo.
El Gobierno nacional inició un Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana en Buenaventura el 18 de julio, que incluyó la firma del acuerdo de “no agresión” entre los grupos criminales. Con el cumplimiento del primer mes de paz, se acordó una extensión de 60 días, seguida de otra prórroga hasta febrero de 2024.
Problemas como el asesinato de miembros de los Espartanos hicieron temer por el fin del acuerdo, pero fueron resueltos mediante diálogos liderados por la delegación del Gobierno nacional. Estos diálogos buscan integrar a los jóvenes a programas como Jóvenes en Paz, como una salida a la violencia y la criminalidad en el distrito.
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